Rue20 Español/ Fez
Meryem Ghoua
Después de más de diez días de espera, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) hizo públicas —en plena madrugada— sus sanciones relacionadas con el bochorno que marcó la final de la CAN 2025. El veredicto era muy esperado y con él una pregunta: ¿iba la CAF a poner fin de una vez por todas a la impunidad y castigar a los responsables del desorden, o iba a pasar página y crear un precedente peligroso?
La decisión ya cayó, y es reveladora. Las sanciones se sitúan al mismo nivel para todos, sin distinguir entre quienes provocaron el caos y quienes respetaron las reglas. El mensaje es claro: en el fútbol africano, cualquiera puede actuar fuera de la normativa sin temor a consecuencias reales.
El país que presentó la queja, Marruecos, ha sido sancionado casi al mismo nivel que la parte señalada, Senegal, principal instigador del desorden. ¿Cómo entender que el país que recibió el premio al fair play del torneo sea castigado con tanta dureza (415.000 dólares) por “comportamiento antideportivo”?
Una decisión incomprensible para todos los que siguieron los hechos: Marruecos nunca respondió a las provocaciones verbales ni a las campañas dirigidas contra él desde el inicio de la competición, e incluso después. Actuó dentro del marco institucional, creyendo —erróneamente— en la justicia y en la reglamentación.
Pero frente a esta actitud correcta, civilizada y valiente, la CAF retrocedió ante la verdad. Eligió un equilibrio artificial, castigando por igual a quienes respetan las reglas y a quienes las violan. La CAF debería ser un árbitro imparcial, garante del respeto de las normas y sancionador de quienes perturban el juego. Sin embargo, esta decisión demuestra lo contrario: la instancia africana no quiso, o no se atrevió, a tomar las medidas necesarias, fallando así a su espíritu, a su deber y a todo lo que define a una confederación digna de ese nombre.
Al sancionar a Marruecos cuando es la víctima, la CAF —que parece haber olvidado el sentido mismo de su misión— envía una señal inquietante a todo el fútbol africano: el respeto de las reglas, la integridad y la justicia son valores opcionales, no principios fundamentales.
El caos que marcó la final de la CAN 2025 no surgió de manera accidental. Fue provocado directamente por la selección de Senegal, cuyo entrenador, en un acto sin precedentes, ordenó a sus jugadores retirarse, desafiando la autoridad del árbitro.
A ello se sumaron gestos antideportivos de al menos dos futbolistas senegaleses, dirigidos explícitamente contra el árbitro bajo sospecha de cohecho. Estos hechos, claros y documentados, deberían haber sido la base para sanciones contundentes y diferenciadas.
Sin embargo, la CAF decidió equiparar las responsabilidades de Senegal con las de Marruecos y, en particular, con la situación de Saibari y Hakimi, quienes fueron señalados de forma secundaria en los incidentes.
Esta equiparación es absurda: se pone al mismo nivel al instigador del caos con quien actuó dentro del reglamento. La lógica de la sanción ignora el principio elemental de proporcionalidad y, con ello, consolida un precedente peligroso para el fútbol africano.
Más grave aún, las sanciones emitidas carecen de fundamento jurídico bajo la Ley de la CAF. No se citan artículos específicos ni se justifica por normas claras, lo que hace que el veredicto parezca más un acto de complacencia institucional que una decisión regulatoria.
Ante este escenario, Marruecos no tiene intención de aceptar la arbitrariedad: el país recurrirá, indudablemente, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar justicia y restablecer la equidad que la CAF ha ignorado.
Lo que vimos en la final de la CAN no solo fue un episodio de caos, sino también una demostración de cómo la CAF legitima la impunidad cuando no conviene enfrentarse a los verdaderos responsables. Al sancionar de forma indiscriminada, la confederación africana envía un mensaje alarmante: provocar el desorden puede salir impune, mientras que quienes actúan correctamente pueden ser castigados sin argumento legal alguno.
En definitiva, veredicto no es solo un error de juicio, sino una grave falta a los principios del fair play y de la justicia deportiva. Pone de manifiesto, una vez más, la debilidad estructural de la CAF y su tendencia a proteger las apariencias en lugar de la verdad.
Al elegir el equilibrio artificial y sancionar de forma indiscriminada, la Confederación envía a África y al mundo un mensaje muy preocupante: el caos es tolerado, la verdad es ignorada y el respeto de las reglas se vuelve opcional.
La CAF decepciona y pisotea sus propios estándares, dejando una vez más una sombra de duda sobre su credibilidad y sobre la justicia deportiva en el continente.
