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La adhesión de los congresistas republicanos Scott DesJarlais y Matt Van Epps eleva a 16 los copatrocinadores del proyecto, que vincula a la milicia separatista con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La iniciativa legislativa que busca que Estados Unidos designe formalmente al Frente Polisario como organización terrorista extranjera ha recibido un nuevo y significativo impulso en el Capitolio.
El pasado 9 de julio, dos figuras prominentes del Partido Republicano, los representantes Scott DesJarlais y Matt Van Epps, ambos del estado de Tennessee, se adhirieron al proyecto de ley conocido como «Polisario Front Terrorist Designation Act» (H.R. 4119), elevando a 16 el número de copatrocinadores en la Cámara Baja.
Esta consolidación del apoyo bipartidista —el proyecto cuenta también con respaldo demócrata— refleja un creciente consenso en Washington que trasciende el tradicional enfoque diplomático sobre el Sáhara marroquí. Cada vez son más los legisladores que enmarcan el expediente del Polisario no como una mera disputa territorial, sino como una cuestión de seguridad nacional vinculada a la inestabilidad en el norte de África y el Sahel.
Dos perfiles de peso para una causa estratégica
La incorporación de DesJarlais y Van Epps no es un gesto simbólico menor. El primero, médico de profesión, es reconocido en Washington como una figura destacada del movimiento conservador, con una trayectoria legislativa avalada por influyentes círculos como la Heritage Foundation y la American Conservative Union. Su alineamiento con el proyecto envía una señal inequívoca a las facciones más firmes del Partido Republicano en materia de disciplina fiscal y seguridad.
Por su parte, Matt Van Epps aporta una credibilidad estratégica de primer orden. Graduado de la prestigiosa academia militar de West Point, es un antiguo piloto de élite y comandante de misión del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, con despliegues en Irak y Afganistán. Actualmente teniente coronel de la Guardia Nacional, ha centrado su labor política en la seguridad nacional, lo que otorga al texto una validación basada en el análisis riguroso de los riesgos militares y geopolíticos.
El objetivo central de la propuesta es obligar a la Administración estadounidense a revisar de manera formal y vinculante el estatus del Frente Polisario. El texto del proyecto subraya los presuntos vínculos del movimiento separatista con Irán, citando específicamente la transferencia de drones y la cooperación en inteligencia y operaciones militares por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Se menciona asimismo la presunta presencia de formadores de Hezbolá en los campamentos de Tinduf, así como el uso de munición de tipo iraní.
Esta narrativa, que dibuja un eje de inestabilidad que conecta Teherán, Argel y los campamentos de Tinduf, es vista por los impulsores del proyecto como una amenaza directa para la estabilidad del norte de África. El abogado estadounidense George Landrith ha defendido la «necesidad absoluta» de una aprobación urgente del proyecto, mientras que la revista American Thinker, en un análisis firmado por Julio Rivera, subraya que la iniciativa «no es teatro político» y alerta de que «la creciente cooperación entre el Polisario y las redes terroristas respaldadas por Irán, que operan en el norte de África y mucho más allá, representa un peligro que el Senado ya no puede permitirse ignorar».
La presión sobre el Polisario no se limita a la Cámara de Representantes. En el Senado, una versión paralela del proyecto (S. 4063), impulsada por los senadores Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott, y a la que se ha sumado recientemente David McCormick como cuarto copatrocinador, establece un mecanismo aún más contundente. Este texto prevé que el secretario de Estado inicie de forma automática el proceso de designación del Polisario como organización terrorista si se confirma su cooperación con grupos afiliados a Irán.
Dicha designación acarrearía la imposición de duras sanciones financieras, la congelación de activos y la prohibición de viajes para sus miembros. El proyecto también insta a una mayor coordinación con los socios regionales, «particularmente Marruecos», para contrarrestar los flujos de armas y las redes de financiación vinculadas al grupo.
Para el Reino de Marruecos, este creciente respaldo en el Congreso estadounidense supone un respaldo clave al Plan de Autonomía para el Sáhara, al considerar al Polisario no como presunto ”movimiento independentista”, sino como una milicia separatista armada que amenaza la integridad territorial y la estabilidad regional. Diversos analistas coinciden en que la aprobación de esta legislación podría suponer un punto de inflexión en el conflicto del Sáhara marroquí, aumentando la presión no solo sobre el Polisario, sino también sobre sus principales patrocinadores.
El cerco legislativo en Washington se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica y después de que el propio Polisario haya reivindicado ataques contra civiles en localidades como Es-Smara, argumentos que han sido esgrimidos por los impulsores del proyecto para justificar su urgencia.
Aunque ambas propuestas deben superar aún varias fases en las comisiones correspondientes antes de una eventual votación en el pleno, la dinámica actual en el Capitolio refleja un cambio de paradigma. Lo que durante décadas se trató como un contencioso diplomático es abordado ahora por una parte cada vez más influyente del establishment estadounidense como una amenaza tangible para la seguridad internacional, alimentada por la expansión de la red de proxies de Irán en el continente africano.
