Rue20 Español/San Salvador
Sara Kassir*
La llegada del Presidente Nayib Bukele al poder en 2019 marcó un antes y un después, especialmente porque El Salvador era considerado uno de los países más violentos e inseguros del mundo. Durante años, las pandillas como la MS-13 y Barrio 18 ejercieron control territorial sobre numerosas comunidades, imponiendo extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados. En 2015, el país alcanzó una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas a nivel mundial. Entre 2015 y 2018 se registraron más de 19,244 homicidios, mientras miles de salvadoreños vivían bajo constantes amenazas y limitaciones para movilizarse libremente entre colonias y municipios.
El cambio mencionado comenzó con la llegada de Bukele a la presidencia en junio de 2019, impulsando una estrategia centrada en la recuperación territorial y el fortalecimiento de la seguridad pública. Uno de los principales pilares fue el lanzamiento del Plan de Control Territorial, enfocado en incrementar la presencia policial y militar, intervenir comunidades vulnerables, modernizar equipos de seguridad y recuperar zonas históricamente dominadas por pandillas. Los resultados comenzaron a reflejarse rápidamente: la tasa de homicidios pasó de 38 por cada 100,000 habitantes en 2019 a 1.9 en 2024, representando una reducción superior al 95 % respecto a 2015. Entre 2019 y 2025 el país registró aproximadamente 5,688 homicidios, frente a los más de 19,000 ocurridos en los cuatro años previos.
El punto de inflexión llegó en marzo de 2022, cuando el gobierno decretó el régimen de excepción tras una ola de asesinatos atribuida a grupos criminales. La medida permitió ampliar las facultades de captura y ejecutar operativos masivos contra estructuras de pandillas. Desde entonces, más de 83,000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Paralelamente, el gobierno construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado una de las cárceles más grandes y modernas de América Latina. Como consecuencia de estas acciones, El Salvador pasó a tener la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con una población penitenciaria que superó los 100,000 reclusos en 2023, frente a los cerca de 37,000 registrados en 2020.
Los resultados en materia de seguridad se convirtieron en el principal argumento político del gobierno. Solo en 2023 se registraron 154 homicidios, mientras que en 2024 la cifra bajó a 114 y en 2025 a 82 casos reportados. Además, el país acumuló más de 1,000 días sin homicidios —no consecutivos—, un hecho sin precedentes en la historia reciente salvadoreña. Miles de comunidades anteriormente consideradas inaccesibles comenzaron a experimentar libre circulación, reapertura de negocios y recuperación de espacios públicos. Aunque no existe una cifra oficial unificada, comerciantes y ciudadanos reportaron una disminución significativa de las extorsiones.
La mejora en seguridad citada anteriormente también tuvo un impacto social y económico importante. Diversas encuestas nacionales e internacionales colocaron la aprobación presidencial entre el 80 % y el 90 %, una de las más altas de América Latina. Muchos ciudadanos destacan una mayor sensación de libertad, reducción del miedo cotidiano y crecimiento de la actividad comercial y turística. El turismo internacional pasó de 2.6 millones de visitantes en 2019 a 4.1 millones en 2025, reflejando un incremento aproximado del 57 %. Sectores como la construcción, el comercio, la gastronomía y la inversión inmobiliaria también experimentaron crecimiento impulsados por la nueva percepción de seguridad.
En el ámbito político, Bukele consolidó un amplio respaldo popular. En las elecciones de 2024 fue reelegido con más del 80 % de los votos, mientras que el oficialismo obtuvo 54 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. Entre las reformas impulsadas destaca también la ampliación de derechos políticos para la diáspora salvadoreña, permitiendo a millones de salvadoreños residentes en el extranjero participar con mayores facilidades en las elecciones nacionales. La diáspora representa además un actor económico fundamental para el país, ya que las remesas equivalen a más del 20 % del PIB nacional.
Pese a los resultados positivos en seguridad, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por posibles detenciones arbitrarias, restricciones institucionales y concentración de poder. De su parte, el gobierno sostiene que las medidas eran necesarias para recuperar el control del país y garantizar la seguridad de la población.
A siete años del inicio de esta notable transformación, El Salvador presenta una realidad muy distinta a la de la década pasada. La drástica reducción de homicidios y la recuperación de territorios marcaron un cambio histórico que también comenzó a impactar en el turismo, la inversión y la economía. El principal desafío hacia el futuro será convertir esta estabilidad en un crecimiento económico sostenible, generación de empleo y fortalecimiento institucional, manteniendo al mismo tiempo los avances alcanzados en materia de seguridad.
*Analista de medios especializada en América Central.
