Rue20 Español/Rabat
El deterioro de las relaciones franco-argelinas ha alcanzado una nueva fase. Según reveló el diario francés L’Express, el Gobierno de Emmanuel Macron estudia congelar los bienes de una veintena de altos cargos del régimen argelino en caso de una nueva escalada con Argel. Se trataría, según fuentes oficiales, de una medida patrimonial destinada a presionar sin romper formalmente los canales diplomáticos.
Esta vez, la advertencia no va dirigida a las palabras, sino a las propiedades, cuentas bancarias y lujos acumulados por los miembros de la nomenklatura argelina. Hablamos de dignatarios con puestos estratégicos en la administración, los servicios de seguridad y el aparato político, que poseen inmuebles y negocios en suelo francés. La cifra no es menor: “Se estima que 801 miembros de la nomenklatura argelina tienen intereses financieros en Francia y viajan regularmente al país”, según citó el semanario parisino.
Pero más allá del número, el enfoque legal marca una novedad. París podría ampararse en el nuevo artículo L562-1 del Código Monetario y Financiero, activado en julio de 2024, que permite congelar los bienes de quienes cometan actos de injerencia por cuenta de potencias extranjeras. Es decir, quienes atenten directa o indirectamente contra los “intereses fundamentales de la Nación”. Una fórmula ambigua, pero útil en contextos de crisis.
El precedente inmediato fue la detención de un agente consular argelino implicado en el secuestro del opositor Amir Boukhors en territorio francés. A ello siguió una cadena de expulsiones diplomáticas, declaraciones cruzadas y un trasfondo claro: la creciente incomodidad de Argel tras el reconocimiento oficial por parte de París de la marroquinidad del Sáhara.
Francia no ha activado aún la medida. Pero tiene la munición lista. “El objetivo del Gobierno francés es sobre todo… no publicar nunca esta lista de veinte dignatarios, ya que esa decisión implicaría una ruptura profunda entre los dos países”, advertía L’Express.
Argel debería tomar nota: sus “dignatarios” no solo cargan con la decadencia de un régimen estancado. También con propiedades expuestas, fuera de su control, en un país que ya no se pliega a sus chantajes. La llamada ley contra las injerencias podría ser el primer golpe serio al bolsillo de quienes hasta ahora actuaban con impunidad.
