Rue20 Español/ Madrid
El Tribunal Supremo de España decidió mantener de pie al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno español, rechazando las peticiones de suspensión cautelar presentadas por el partido Vox, la Comunidad de Madrid y varias asociaciones conservadoras.
La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril, tiene como objetivo permitir que más de 500.000 personas que viven actualmente en situación irregular en España puedan incorporarse legalmente al mercado laboral, cotizar a la seguridad social, pagar impuestos y acceder a derechos y obligaciones administrativas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo consideró que no existen pruebas suficientes para demostrar que la aplicación inmediata del decreto provoque daños irreversibles o consecuencias de difícil reparación. En particular, los magistrados rechazaron los argumentos de Vox, que aseguraba que la regularización alteraría el censo electoral español al aumentar el número de residentes legales con derecho a voto en elecciones municipales.
Según el tribunal, “no queda acreditado” que exista una modificación inmediata del censo ni que los supuestos efectos denunciados tengan carácter urgente o irreversible.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, defendía que la llegada de cientos de miles de nuevos residentes legales podría generar una presión excesiva sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y ayudas sociales. Sin embargo, la mayoría de los jueces concluyó que no hay evidencias claras que permitan afirmar que el sistema público vaya a colapsar como consecuencia directa de la regularización.
El Supremo destacó además que el decreto responde a un interés público “especialmente cualificado”, no solo desde el punto de vista económico, sino también humano y social, al ofrecer estabilidad legal y protección a personas que ya residen y trabajan en España.
Los magistrados señalaron igualmente que suspender el proceso perjudicaría directamente a los inmigrantes afectados, obligándolos a permanecer en situación administrativa irregular mientras se resuelve el procedimiento judicial principal.
La decisión fue respaldada por cinco de los siete jueces que integran el tribunal encargado del caso, mientras que dos magistrados emitieron votos discrepantes defendiendo la suspensión temporal del decreto hasta que exista una sentencia definitiva sobre su legalidad.
Asimismo, el Supremo rechazó estudiar los recursos presentados por tres asociaciones conservadoras —HazteOír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica— al considerar que no tienen legitimación suficiente para impugnar la medida.
El debate sobre la inmigración y la regularización continúa generando una fuerte confrontación política en España, especialmente entre el Gobierno central y los sectores conservadores que consideran que la medida puede tener consecuencias sociales, económicas y electorales a medio plazo.
