Rue20 Español/Rabat
La justicia francesa ha situado por primera vez a Argelia en el foco de investigaciones por presunto “terrorismo de Estado”, en una evolución de alto impacto político y diplomático que añade presión a unas relaciones ya frágiles entre Francia y Argelia.
La confirmación llegó de la mano del fiscal de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, Olivier Christen, quien en declaraciones a franceinfo reveló la existencia de ocho procedimientos abiertos bajo esta calificación. Aunque parte de las investigaciones se centran en Irán, el magistrado señaló que otras cinco se refieren “principalmente” a Rusia y Argelia, incorporando así a este último país a un ámbito hasta ahora reservado a potencias acusadas de operaciones clandestinas en el extranjero.
Sin detallar públicamente los expedientes, la inclusión de Argel en este marco supone un giro significativo en el enfoque judicial francés, que pasa a abordar determinadas prácticas —tradicionalmente tratadas en el terreno diplomático— desde la óptica del derecho penal antiterrorista.
Según la fiscalía, el patrón que guía estas investigaciones apunta a acciones dirigidas no contra la población en general, sino contra individuos concretos, en muchos casos opositores o disidentes establecidos en territorio francés. “Son más bien estos países extranjeros los que actúan contra sus opositores en el territorio”, precisó Christen, diferenciando estos casos de otros donde se habrían identificado objetivos más amplios.
Uno de los expedientes más sensibles es el relacionado con el intento de secuestro del opositor argelino Amir Dz, residente en Francia. En este caso, un agente consular argelino destinado en la región parisina fue imputado, en una investigación que ha puesto de relieve las complejas intersecciones entre inmunidad diplomática, redes informales y presuntas estrategias de presión sobre voces críticas.
Otras pistas, aún sin confirmación oficial, apuntan a intentos similares dirigidos contra activistas o figuras disidentes de la diáspora argelina. Estos elementos alimentan la hipótesis de una proyección de mecanismos de control más allá de las fronteras nacionales, en un contexto donde las comunidades expatriadas adquieren un papel central.
El uso del término “terrorismo de Estado” por parte de la justicia francesa introduce, además, una dimensión simbólica de gran alcance. Supone redefinir los contornos de la injerencia extranjera y adoptar una postura más ofensiva frente a prácticas que durante años permanecieron en zonas grises del derecho internacional.
Este reposicionamiento judicial se produce en un momento de tensión sostenida entre París y Argel, marcado por desacuerdos históricos, disputas políticas y episodios recurrentes de enfriamiento diplomático. La irrupción de causas judiciales sensibles, con posibles implicaciones estatales, añade un nuevo factor de fricción.
Desde el Gobierno francés se insiste en la independencia del poder judicial y en el carácter estrictamente legal de los procedimientos. En cambio, desde Argel se han producido reacciones más firmes ante casos concretos, especialmente en lo relativo al funcionario consular implicado, evidenciando la divergencia de interpretaciones entre ambas capitales.
Más allá del caso argelino, estas investigaciones reflejan una tendencia de fondo: el creciente protagonismo de la justicia en la gestión de prácticas de injerencia extranjera. Al ampliar la noción de terrorismo de Estado a acciones contra opositores, Francia redefine su doctrina de seguridad, abriendo una etapa potencialmente delicada en su relación con Argelia, donde lo judicial y lo diplomático podrían entrelazarse de forma cada vez más estrecha.
