Rue20 Español/Rabat
La última comunicación de la Federación Senegalesa de Fútbol no puede interpretarse como un simple gesto institucional. Su “solidaridad con los senegaleses procesados en situación de detención por cargos de vandalismo y violencia” durante la final de la Copa Africana de Naciones ha sido percibida en Marruecos como un posicionamiento político que roza la provocación y que ignora la gravedad de los hechos.
Porque no se trata de una polémica menor ni de un incidente aislado. Los disturbios fueron ampliamente documentados por cientos de cámaras dentro del estadio y seguidos por millones de espectadores en todo el mundo.
Las imágenes de violencia, destrozos y caos contrastaron con el espíritu deportivo que debería prevalecer en una cita continental de esta magnitud.
En ese contexto, el silencio de la Federación Senegalesa ante los métodos violentos de sus aficionados resulta tan elocuente como su declaración de apoyo a los detenidos.
Más aún cuando los altercados se produjeron en presencia de figuras de alto perfil institucional. La final no era solo un partido: era una vitrina para el continente, una oportunidad para proyectar estabilidad, organización y madurez deportiva. Lo ocurrido dañó esa imagen y desvió la atención del espectáculo hacia escenas impropias de una competición de primer nivel.
En Marruecos, la reacción ciudadana no se hizo esperar. Numerosas voces exigieron la aplicación de las sanciones más severas contra quienes protagonizaron los disturbios.
Lo hicieron subrayando, además, el comportamiento ejemplar del público marroquí, que mantuvo la compostura pese a la tensión y al impacto de los acontecimientos. La comparación entre ambas actitudes ha sido inevitable.
Lo que inquieta no es solo el comunicado en sí, sino el mensaje implícito que transmite: que la violencia puede relativizarse cuando proviene de los propios.
Al optar por la solidaridad sin una condena clara de los actos vandálicos, la Federación Senegalesa parece alinearse con una narrativa que minimiza la responsabilidad individual y colectiva en episodios que atentaron contra la seguridad y la imagen del torneo.
Marruecos, como país anfitrión, desplegó hospitalidad y organización para garantizar el buen desarrollo del evento. La delegación senegalesa fue recibida en condiciones óptimas durante toda su estancia.
Por eso, la percepción de agravio se ha intensificado: no solo por los disturbios en sí, sino por lo que muchos consideran una falta de reciprocidad institucional.
El deporte africano necesita mensajes de responsabilidad, no de ambigüedad. Las federaciones, como máximas autoridades del fútbol nacional, están llamadas a promover valores de respeto y juego limpio; incluso —y sobre todo— cuando las circunstancias son incómodas. Defender a ciudadanos en procesos judiciales es legítimo; justificar o silenciar la violencia, no lo es.
En momentos en que el fútbol africano busca consolidar su credibilidad global, cada gesto cuenta. Y en esta ocasión, el comunicado de la Federación Senegalesa no ha contribuido a cerrar heridas, sino a profundizar una fractura que debería resolverse con autocrítica, cooperación y firme compromiso con la legalidad.
