Rue20 Español/Madrid
El plazo para acogerse al proceso de regularización administrativa extraordinaria en España se cerró el pasado 30 de junio con una cifra que ha desbordado ampliamente los cálculos iniciales del Gobierno: más de 1,1 millones de solicitudes, frente a las 500.000 que se habían estimado cuando la medida fue anunciada en abril.
Así lo confirmó una fuente cercana al expediente citada por la agencia Bloomberg, ya que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha difundido todavía cifras oficiales definitivas.
Marruecos, segunda nacionalidad del proceso
Dentro de este volumen histórico de peticiones, la comunidad marroquí ocupa un lugar destacado. Según un primer balance provisional al que tuvo acceso el diario digital elDiario.es, los solicitantes de nacionalidad marroquí representan en torno al 14 % del total, lo que convierte a Marruecos en la segunda nacionalidad con más expedientes registrados, por detrás de Colombia (30 %) y por delante de Venezuela y Perú, ambos en torno al 10 % y 9 % respectivamente.
El citado balance subraya además que Marruecos es la única nacionalidad africana que supera el 10 % de las solicitudes presentadas, en un proceso donde cerca de dos tercios de los expedientes proceden de países latinoamericanos.
El cierre del plazo no pone fin, sin embargo, a la incertidumbre jurídica que rodea a la medida. El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a revisar la legalidad del real decreto, ante el riesgo de que entre en conflicto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al tratarse de una regularización de alcance masivo aprobada sin coordinación previa con el resto de socios comunitarios. El alto tribunal estudia incluso la posibilidad de elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de suspender cautelarmente el decreto, a raíz de sendos recursos presentados por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón. El Gobierno, por su parte, defiende que la norma «es plenamente compatible con el derecho comunitario» y recuerda que los permisos concedidos solo tienen validez dentro del territorio español.
El mecanismo, puesto en marcha mediante el Real Decreto 316/2026 de 14 de abril, exige a los solicitantes acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026, así como una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de presentar el expediente. También se exige carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen y en aquellos donde se haya residido durante los últimos cinco años, y no representar una amenaza para el orden público o la seguridad pública. Los beneficiarios reciben una autorización de residencia y trabajo válida por un año, ampliable si logran acreditar su inserción sociolaboral, y deben tramitar posteriormente su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ante la Policía Nacional.
Según el reportaje de la agencia Gestión, apenas menos del 1 % de los expedientes presenta antecedentes penales, lo que hace prever que el Gobierno terminará aprobando la gran mayoría de las solicitudes registradas.
El Gobierno español ha respaldado la medida con datos del Banco de España, según los cuales la población inmigrante explicó aproximadamente la mitad del crecimiento del PIB del país y más de dos tercios de la creación de empleo entre 2022 y 2025, sin que ello perjudicara las oportunidades laborales de los trabajadores nacidos en España. En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en un acto celebrado en Madrid que «sin inmigración, España tendría un 19% menos de PBI en 2050 y 22% en 2075» .
Sánchez ya había presentado la regularización, en el momento de su aprobación, como «un acto de normalización», dirigido a personas que, en sus palabras, «cuidan a nuestros mayores» y «trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas».
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, había garantizado por su parte que el procedimiento sería «ágil, eficaz y sin trabas» y que daría «respuesta a todos los que cumplan los requisitos».
Con el registro de solicitudes ya cerrado, se abre a partir del 1 de julio un nuevo periodo, que se extenderá hasta el 30 de septiembre, destinado a que los solicitantes que lo necesiten puedan subsanar o completar la documentación aportada. Las autoridades españolas disponen de un plazo de tres meses para resolver cada expediente desde su presentación. El Sindicato Unificado de Policía ya ha advertido de que la siguiente fase del proceso —la expedición de las tarjetas TIE y la toma de huellas de más de un millón de personas— exigirá un refuerzo notable de personal para no colapsar el sistema.
