Rue20 Español/Rabat
Las empresas europeas que operan en Argelia se enfrentan a un clima de creciente incertidumbre, donde las disputas económicas se entrelazan con represalias políticas, poniendo en peligro incluso a compañías centenarias.
El caso de la multinacional española Duro Felguera sirve como un claro ejemplo de la fragilidad del entorno empresarial argelino, donde el gobierno mezcla la economía con represalias diplomáticas, consolidando su reputación como un socio de alto riesgo.
Duro Felguera, fundada en 1858 y con una larga trayectoria en el sector industrial español, se encuentra actualmente al borde del colapso debido a un litigio de varios cientos de millones de euros en Argelia y un ambiente político cada vez más hostil. La compañía, especializada en proyectos de ingeniería y construcción llave en mano (EPC) en los sectores de energía, petróleo y gas, se enfrenta a una situación crítica que pone en peligro su supervivencia.
La disputa se originó en 2014, cuando Duro Felguera firmó un contrato con Sonelgaz-Production d’Électricité para la construcción de una central de ciclo combinado en Djelfa. Diez años después, este proyecto se ha convertido en una pesadilla judicial y financiera. Sonelgaz reclama a la empresa española 413 millones de euros, acusándola de incumplimiento contractual. Además, el grupo argelino ha ejecutado garantías bancarias por valor de 55 millones de euros, exacerbando la situación de Duro Felguera y exponiendo a sus bancos asociados, Sabadell y Santander, a pérdidas significativas.
Sin embargo, el problema subyacente va más allá de lo económico. Tras el anuncio de Madrid en 2022 de su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, Argelia rompió el tratado de amistad con España y congeló gran parte de la cooperación bilateral.
Esta decisión tuvo un impacto directo en las empresas españolas, especialmente aquellas con operaciones en Argelia. Duro Felguera atribuye la «parálisis efectiva» de sus operaciones en Argelia a esta ruptura diplomática, que ha impedido cualquier negociación amistosa.
Esta mezcla de política y economía convierte las disputas industriales en un instrumento de represalia. En lugar de resolver el conflicto comercial de acuerdo con la ley, Argel ha optado por castigar a Madrid por su acercamiento a Rabat, socavando la seguridad jurídica de las empresas europeas que operan en su territorio. En un informe a sus accionistas, Duro Felguera reconoce estar «al borde del colapso» y teme la liquidación si el tribunal de comercio de Gijón no valida su plan de viabilidad, que incluye la reducción de la plantilla a la mitad, con la pérdida de 500 empleos, y la venta de activos industriales.
Este caso pone de manifiesto el creciente riesgo político que enfrentan las empresas europeas en Argelia. Al convertir las disputas económicas en una extensión de sus diferencias diplomáticas, Argel transmite un mensaje claro: cualquier inversor extranjero puede ser una víctima colateral de sus decisiones políticas.
