Rue20 Español/Rabat
Amnistía Internacional denunció que las condenas masivas contra activistas opositores en Túnez representan un «momento peligroso» y un indicador preocupante del avance de la represión gubernamental contra la oposición pacífica.
La justicia tunecina dictó duras penas de prisión —de entre 13 y 66 años— contra cerca de 40 personas, entre ellas figuras políticas opositoras destacadas, abogados y defensores de derechos humanos.
Estas personas están acusadas de conspirar contra la seguridad interna y externa del Estado, formar parte de una organización terrorista e intentar alterar el orden institucional. La defensa denunció la falta de garantías para un juicio justo, especialmente por el uso del formato virtual en las audiencias.
Amnistía Internacional calificó el proceso como una «farsa judicial», basado en cargos sin fundamento, con graves violaciones procesales y un desprecio total por los derechos humanos y el Estado de derecho, según un comunicado.
Por su parte, Erika Guevara-Rosas, directora de investigación y campañas de Amnistía, afirmó que los acusados fueron condenados únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos. Asimismo, Human Rights Watch criticó el proceso, destacando la falta de pruebas creíbles y señalando que se trató de una parodia de justicia.
Entre los condenados se encuentran figuras como Issam Chebbi, líder del Partido Republicano; Jawher Ben Mbarek, cofundador de la principal coalición opositora; Ghazi Chaouachi, exministro; y la activista Chaima Issa.
Algunos de ellos están detenidos desde hace más de dos años, mientras que otros permanecen en libertad o han optado por el exilio, en un contexto en el que se cuestiona gravemente la independencia del poder judicial bajo el gobierno del presidente Kaïs Saïed, quien ha concentrado todo el poder desde 2021 y acusa a sus opositores de traición y conspiración con potencias extranjeras.
Como reacción ante esta represión —que recuerda a la ejercida durante la era de Ben Ali—, Amnistía y otras organizaciones internacionales instan a Túnez a respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a cesar la persecución de opositores y defensores de derechos, y a garantizar la libertad de expresión y de asociación.
