Rue20 Español/Rabat
Hay veces en que el silencio es más elocuente que mil discursos. Hoy, ese silencio rodea la situación de los migrantes subsaharianos en Argelia, convertidos en blanco de un clima de odio que crece sin freno, alimentado desde las redes, amplificado por figuras públicas y tolerado —cuando no alentado— por quienes deberían frenarlo.
La organización SHOAA por los Derechos Humanos han dado la voz de alarma: estamos ante una escalada peligrosa de discursos racistas y violentos que apuntan directamente a miles de hombres, mujeres y niños africanos que se encuentran en suelo argelino. No buscan privilegios ni compiten por el poder. Buscan sobrevivir.
En vez de hallar amparo, estos migrantes se enfrentan a un entorno donde su color de piel y su origen se han convertido en una condena. El desprecio se ha normalizado. El insulto es cotidiano. Las expulsiones forzadas son una amenaza constante. Y lo peor es que todo ocurre sin consecuencias, como si la dignidad de estos seres humanos fuera un asunto prescindible.
Es preocupante que, en pleno siglo XXI, un país que se reclama defensor de los pueblos oprimidos y que hace del discurso de los derechos una herramienta diplomática, cierre los ojos ante una situación de racismo institucionalizado. ¿Dónde están las autoridades argelinas cuando se incita al odio desde plataformas digitales? ¿Dónde están cuando se organiza la persecución callejera? ¿Qué mensaje se transmite cuando ningún responsable político condena estos hechos?
Más allá de los comunicados de condena —como el de SHOAA—, lo que se necesita es acción. Acción para frenar la incitación. Acción para proteger a los vulnerables. Acción para juzgar a quienes propagan el odio como si fuera opinión válida. Porque ningún país puede construir una sociedad estable cuando permite que se fragmente desde dentro por culpa de la intolerancia.
Argelia ha firmado convenios internacionales que la obligan a proteger los derechos de todos los que habitan en su territorio. Lo ha hecho ante las Naciones Unidas, ante organismos africanos, y en múltiples foros. Pero los hechos de hoy desmienten esas firmas. Esas rúbricas no valen si no se traducen en políticas públicas y en sanciones contra los responsables del racismo.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente. No se trata solo de denunciar. Se trata de exigir vigilancia, protección y respuestas. Los migrantes africanos en Argelia no son números. Son personas. Y mientras el odio crece, su humanidad está siendo negada, y con ella, los principios que deberían regir cualquier Estado que se diga moderno y justo.
El silencio, en este contexto, ya no es neutral. Es cómplice.
