Rue20 Español/Rabat
La Cámara de Representantes dio luz verde este lunes al proyecto de ley 76.19, que ratifica el acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio de informes país por país, un instrumento que Marruecos suscribió el 25 de junio de 2019 dentro de su estrategia de modernización fiscal. El texto fue defendido en el hemiciclo por el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita.
Antes de entrar en los detalles técnicos del acuerdo, el jefe de la diplomacia marroquí quiso zanjar cualquier duda sobre su alcance: ni los ciudadanos comunes, ni los pequeños empresarios, ni siquiera las empresas nacionales de tamaño medio se ven afectados por esta norma. El mecanismo, insistió, está dirigido en exclusiva a los grandes grupos multinacionales con una facturación anual superior a 750 millones de euros. La comunidad marroquí residente en el extranjero, subrayó, queda completamente al margen de sus disposiciones.
Bourita aprovechó su intervención para enmarcar la adhesión del Reino en un compromiso más amplio con la soberanía nacional y la protección de los ciudadanos marroquíes fuera de sus fronteras, principios que, según explicó, guían toda la acción exterior del país.
En ese sentido, presentó la ratificación no como una cesión de soberanía, sino como una muestra de solidez institucional: Marruecos se suma al sistema internacional de transparencia financiera «como ocurre con algunos países no muy lejanos geográficamente de Marruecos», en clara alusión a Estados de la región que, a diferencia del Reino, mantienen posturas más reticentes ante este tipo de mecanismos.
El proyecto ratificado tiene su origen en cuatro acuerdos multilaterales firmados por el Ejecutivo marroquí en junio de 2019 bajo el paraguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo del que Marruecos forma parte como Estado adherido al Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Bourita explicó que este instrumento en particular busca dotar a las administraciones tributarias de un marco jurídico moderno para intercambiar información entre países.
En la práctica, el sistema permite a la autoridad fiscal del país donde una multinacional tiene su sede central compartir automáticamente datos con las administraciones de los territorios donde operan sus filiales: cifras de beneficios distribuidos globalmente, impuestos efectivamente pagados e indicadores de actividad económica. El objetivo declarado es cerrar el paso a estrategias de elusión fiscal y asegurar que las grandes corporaciones tributen allí donde realmente generan valor, no donde les resulte fiscalmente más ventajoso declarar.
El ministro fue explícito al remarcar que el acuerdo circunscribe su aplicación a las personas jurídicas, dejando fuera cualquier implicación para las personas físicas. Esta precisión, repetida en distintos momentos de su intervención, buscaba despejar cualquier lectura errónea sobre posibles efectos en las finanzas personales de los marroquíes que viven fuera del país, un colectivo al que el Gobierno ha querido tranquilizar de forma expresa.
Con esta ratificación, Marruecos consolida su posición dentro del marco fiscal impulsado por la OCDE a nivel global, reafirmando —según el propio Bourita— que la apuesta por la cooperación internacional en materia tributaria es compatible, y no contradictoria, con la defensa férrea de la soberanía nacional.
