Rue20 Español/Madrid
La reciente decisión del Gobierno de España de aprobar una regularización administrativa extraordinaria de inmigrantes ha generado un intenso debate político en la comunidad autónoma de Andalucía, en plena precampaña de las elecciones regionales previstas para el próximo 17 de mayo.
La medida, adoptada mediante un Real Decreto tras su aprobación en el Consejo de Ministros, permitirá regularizar la situación de miles de personas migrantes que ya residen en el país. Publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de abril, la iniciativa ha entrado ya en fase de aplicación administrativa, provocando una notable afluencia de solicitantes en consulados como el del Reino de Marruecos en Sevilla, donde numerosos ciudadanos marroquíes acuden para completar sus expedientes, especialmente el certificado de antecedentes penales.
Este proceso ha tenido un impacto inmediato en el panorama político andaluz, donde las principales fuerzas han intensificado sus posiciones. Desde el Partido Socialista, su secretario general, Pedro Sánchez, defendió la medida recordando que “España fue y es hija de migrantes”, rechazando cualquier discurso xenófobo.
En la misma línea, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, subrayó la importancia de la memoria histórica migratoria, destacando que muchos españoles emigraron en décadas pasadas a países europeos, y abogó por un enfoque de “abrazo social” hacia los nuevos migrantes.
Por el contrario, las formaciones de derecha han mostrado un firme rechazo a la regularización. El partido Vox ha endurecido su discurso, alertando de posibles consecuencias negativas como la saturación de los servicios públicos, el aumento de la inseguridad y mayores dificultades en el acceso a la vivienda. En este contexto, dirigentes del partido han planteado la necesidad de aplicar políticas de “prioridad nacional” y limitar la llegada de nuevos inmigrantes.
Asimismo, gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular han anunciado su intención de impugnar la medida, argumentando que podría agravar la presión sobre los sistemas sanitarios y sociales.
La regularización, que permaneció bloqueada durante más de un año en el Parlamento antes de ser impulsada por un acuerdo entre el Ejecutivo y fuerzas de izquierda, se ha convertido así en uno de los ejes centrales del debate electoral en Andalucía.
Entre posturas que oscilan entre la integración y el rechazo, el tema migratorio se consolida como un factor decisivo en la campaña, reflejando una creciente polarización política en torno a la gestión de la inmigración en España.
