Rue20 Español/Rabat
La suspensión temporal de aranceles, dictada bajo estado de emergencia, coloca a Marruecos en el centro de la estrategia agroalimentaria de Estados Unidos ante el colapso de las cadenas de suministro globales.
Lo que hace cinco años fue una muralla proteccionista se ha convertido hoy en una puerta de entrada prioritaria. La administración de Donald Trump ha declarado el estado de emergencia nacional ante la escasez de fertilizantes y ha autorizado la suspensión temporal de los aranceles antidumping y compensatorios que pesaban sobre los fosfatos marroquíes.
La proclamación presidencial, publicada el pasado 29 de junio, levanta durante un máximo de ocho meses las barreras impuestas en 2021 tras la denuncia de la estadounidense Mosaic contra el grupo OCP.
La decisión, amparada en la Ley Arancelaria de 1930, responde a una realidad ineludible: la producción nacional de fosfatos en EE.UU. es «insuficiente para sostener la producción agrícola alimentaria». Y las medidas para ampliar la capacidad doméstica, admite la propia Casa Blanca, «tomarán tiempo para aumentar el suministro de manera material». Mientras tanto, los agricultores estadounidenses se enfrentan a precios disparados: los aranceles elevaron sus costes de insumos en unos 6.900 millones de dólares entre 2021 y 2025, y la reciente escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz ha encarecido aún más el azufre, insumo clave para la producción de fosfatos.
La proclamación presidencial es explícita: «Productores en países como el Reino de Marruecos pueden suministrar fertilizantes fosfatados a Estados Unidos sin interrupción en este momento». Esta constatación, que podría parecer técnica, tiene un peso político mayúsculo. Consagra a Marruecos no como un proveedor más, sino como el eslabón fiable de una cadena mundial fracturada por conflictos en regiones productoras y decisiones comerciales de otros grandes exportadores.
No es un gesto menor. Washington no solo suspende aranceles de hasta el 16,8%, sino que lo hace invocando la seguridad nacional y la estabilidad del suministro alimentario. Una señal de que, en la nueva geopolítica de los alimentos, el fosfato marroquí se ha convertido en un activo estratégico de primer orden.
Detrás del cambio de rumbo hay una presión sostenida del sector agrario. Un grupo de 65 organizaciones nacionales y estatales había reclamado al Departamento de Comercio la eliminación de los aranceles para «aliviar el dolor de los agricultores ante los precios récord de los fertilizantes». Jed Bower, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, ha agradecido a Trump «por reconocer la realidad económica que enfrentan los agricultores», mientras que la Asociación Estadounidense de Soja y el Consejo Nacional del Algodón han respaldado la medida.
En la otra orilla, Mosaic ha expresado su preocupación por que la suspensión aumente la dependencia de proveedores extranjeros, aunque la administración ha dejado claro que el objetivo es «garantizar en el corto plazo el acceso a fertilizantes», mientras se refuerza la capacidad doméstica.
Más allá de lo comercial, esta decisión abre una nueva etapa en la cooperación entre Rabat y Washington. La proclamación, que estará vigente durante ocho meses o hasta que cese la emergencia, allana el camino para que OCP recupere un mercado que había perdido peso tras los aranceles de 2021. Pero, sobre todo, sitúa a Marruecos en una posición de privilegio en la estrategia agroalimentaria de la primera potencia mundial.
En un mundo donde la seguridad alimentaria es la nueva frontera de la geopolítica, tener fosfatos y saber gestionarlos ya no es solo una ventaja económica: es una palanca de influencia global. Y Washington acaba de reconocerlo.
