Rue20 Español/Madrid
La situación que vive el archipiélago español de Baleares en materia migratoria ya no puede interpretarse como un episodio aislado ni como una crisis coyuntural. En 2025, cerca de 7.300 inmigrantes llegaron a las islas en unas 400 pateras, la mayoría procedentes de Argelia, consolidando una de las rutas más peligrosas y letales del Mediterráneo occidental.
La vía marítima que conecta el norte de Argelia con el Levante español y las Islas Baleares se ha afianzado como uno de los corredores migratorios más activos y peligrosos hacia España, una evolución que resulta difícil de explicar sin la pasividad —cuando no tolerancia— de las autoridades argelinas frente a las redes que operan desde sus costas. Pese al fuerte control interno que ejerce el régimen militar sobre la sociedad y la oposición política, las salidas irregulares continúan produciéndose con una regularidad alarmante.
Este fenómeno ha generado una presión creciente sobre las instituciones baleares, desbordadas por la llegada constante de embarcaciones y por la atención a los inmigrantes, especialmente a los menores no acompañados. La falta de recursos y de capacidad de acogida ha derivado en tensiones políticas y en un enfrentamiento abierto entre el Govern balear y el Gobierno central, mientras la respuesta europea sigue siendo limitada y sin un despliegue permanente de Frontex en el archipiélago, según informa El Debate.
Más allá del impacto logístico y político, el saldo humano de esta ruta es devastador. Según la ONG Caminando Fronteras, al menos 1.037 personas murieron en 2025 intentando cruzar el Mediterráneo por la ruta argelina. Se han documentado 121 tragedias marítimas, incluidas 47 pateras desaparecidas por completo, lo que convierte a Baleares en uno de los escenarios más letales de la frontera sur europea. La organización ha calificado esta vía como un auténtico “laboratorio de necrofrontera”.
La peligrosidad se ha incrementado aún más con el desplazamiento de las salidas hacia trayectos más largos, especialmente con destino a Ibiza y Formentera, e incluso desde el este de Argelia, zonas que tradicionalmente se dirigían al Mediterráneo central. Este cambio ha elevado significativamente el riesgo de naufragio y ha disparado el número de víctimas en determinados meses del año.
En este contexto, cada vez más analistas vinculan la intensificación de la ruta argelina con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Argel y Madrid, especialmente tras el respaldo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Aunque el régimen argelino no lo reconoce oficialmente, la coincidencia temporal entre este giro diplomático y el aumento de las salidas irregulares alimenta la percepción de que la migración se ha convertido en un instrumento de presión política, utilizado como forma indirecta de represalia.
La estrategia no sería nueva. El uso de los flujos migratorios como palanca de influencia ha sido señalado en otras crisis regionales, y en este caso España y Baleares aparecen como receptores de una presión que tiene su origen en decisiones tomadas en Argel, donde el poder real sigue concentrado en el estamento militar y donde la rendición de cuentas es prácticamente inexistente.
Mientras tanto, los cadáveres continúan apareciendo en las costas baleares y las desapariciones en el mar se acumulan sin respuesta. Sin una cooperación real por parte de Argelia para frenar las salidas, combatir a las mafias y asumir su responsabilidad, la ruta hacia Baleares seguirá siendo una frontera mortal y un recordatorio de cómo la geopolítica regional se traduce en tragedia humana.
