Rue20 Español/ Uchda
Mientras el mundo calla, en el suroeste argelino se sigue matando. No es una metáfora. No es exageración. Es la dura realidad que acaba de denunciar un amplio frente de organizaciones saharauis de derechos humanos: al menos 21 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente desde 2014 en los campamentos de Tinduf, bajo el control del Polisario y la tutela del ejército argelino.
Las víctimas no eran combatientes. No portaban armas. No representaban amenaza alguna. Eran jóvenes saharauis que intentaban sobrevivir mediante el comercio informal o la minería artesanal. En lugar de protección, encontraron la muerte. Balas. Cárceles. Tortura. Y, en los casos más estremecedores, incluso fuego: Amhi Uld Hamdi y AliyinIdrissi fueron quemados vivos en un pozo en el año 2020.
El informe presentado por la Coalición Civil Saharaui, junto a organizaciones como África Watch y la Red Internacional de Derechos Humanos, es contundente: los hechos denunciados no pueden entenderse como simples incidentes aislados. Responden a una política de represión sistemática, sostenida por un clima de absoluta impunidad. Los crímenes fueron cometidos por el ejército argelino o por miembros del Polisario, sin proceso judicial, sin transparencia, sin justicia.
Lo más alarmante no es únicamente la violencia. Es también el silencio que la rodea y la perpetúa. Nadie rinde cuentas. No hay investigaciones. No hay sanciones. Ni siquiera una mínima respuesta oficial. Lo que hay es una estructura de poder que ha convertido a los campamentos de Tinduf en un espacio fuera del tiempo y de la ley. Un limbo donde el exilio se ha vuelto encierro y donde los derechos humanos son letra muerta.
Este no es un conflicto lejano. Es una tragedia que pesa sobre miles de personas atrapadas desde hace más de cincuenta años en condiciones precarias, sometidas a vigilancia constante, sin libertad de movimiento ni posibilidad real de decidir su destino. La propia carta del colectivo saharaui lo afirma con claridad: lo que ocurre en Tinduf va mucho más allá de una detención prolongada. Se trata de un secuestro colectivo, estructurado y sostenido en el tiempo.
Ante esta tragedia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y la comunidad internacional deben actuar. Se necesitan investigaciones independientes, justicia para las víctimas, y un nuevo modelo de gestión que devuelva a los saharauis su dignidad, su libertad, y su derecho a vivir sin miedo.
El mundo ha sido testigo de demasiadas catástrofes que comenzaron con crímenes ignorados. No podemos permitir que Tinduf sea una más. El dolor de estas familias, las vidas segadas sin juicio ni defensa, y la sombra de la impunidad no pueden seguir enterradas bajo la arena del desierto.
La voz de las víctimas ha hablado. Ahora le toca al mundo escuchar.
