El Polisario señala a Argelia y se desvincula de la entrada de Gali a España

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Rue20 Español/ Rabat

 

La delegación del Frente Polisario en España negó este viernes que haya gestionado con las autoridades de este país la presunta entrada ilegal de su líder, Brahim Gali, para ser tratado de un coronavirus grave.

El representante de esta organización en España, Abdulah Arabi, remitió un escrito al juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal de Gali en España, a través de un vuelo diplomático procedente de Argelia que aterrizó el 18 de abril de 2021 en la base aérea de Zaragoza (norte).

 

 

 

La llegada del líder saharaui provocó una importante crisis diplomática entre España y Marruecos, que se prolongó durante casi un año.

En ese escrito, al que tuvo acceso Efe, Arabi asegura que «desconoce» que se iba a producir el traslado, así como las razones por las que fue elegido un hospital determinado y las personas que acompañaban a su líder en el momento de su ingreso.

 

También afirma que ningún representante de la delegación del Polisario en España realizó gestiones con autoridades de este país para facilitar la entrada de Gali, y que no sabe si las personas que presuntamente lo hicieron en nombre de su organización sabían que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional.

Niega también conocer el domicilio en España del ciudadano saharaui Luali Brahim, hijo de Gali y miembro de la comitiva que acompañó al líder polisario en su entrada en España con un pasaporte presuntamente falsificado a nombre de Mohamed Benbatouche.

Fuentes judiciales informaron a Efe de que una de las preguntas «clave» de este cuestionario era determinar si las personas que gestionaron la entrada de Gali informaron de que éste tenía asuntos pendientes con la justicia española que podrían motivar una orden de búsqueda y captura.

De hecho, tras conocerse la presencia en España de Gali, éste tuvo que declarar por videoconferencia en causas abiertas ante la Justicia española, por denuncias de presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros.

Según las fuentes, esta posibilidad de conocer los casos pendientes hubiera invalidado el argumento utilizado por la Audiencia de Zaragoza a la hora de archivar el caso en cuanto a la implicación de la exministra Arantxa González Laya y su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, al entender los magistrados que la entrada de Gali en España fue un «acto de gobierno» ajeno a un control judicial.

A la vista de la reciente contestación del delegado del Polisario en España, el juez instructor deberá dirigirse a las partes para indagar si continúa o no con la instrucción del caso. EFE

 

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