España ratifica su respaldo a la Autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí

 

Rue20 Español/Madrid

El Gobierno español ha reiterado su posición respecto a la cuestión del Sáhara marroquí, subrayando que se mantiene dentro del marco de Naciones Unidas y del derecho internacional, según una respuesta parlamentaria dirigida al senador del Grupo Popular, José Antonio Monago Terraza.

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En dicha contestación, el Ejecutivo recuerda que su enfoque se sustenta en los compromisos asumidos en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022, suscrita entre SM el Rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español tras la visita oficial a Rabat de Pedro Sánchez, documento que marcó un nuevo marco en las relaciones bilaterales.

Asimismo, el Gobierno remite al punto octavo de la declaración final de la XIII Reunión de Alto Nivel celebrada entre ambos países, como referencia para encuadrar la coherencia de su postura en relación con la integridad territorial de Marruecos y los parámetros de legalidad internacional invocados.

En el contexto de ese encuentro, celebrado con la participación de las delegaciones encabezadas por el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, y su homólogo español, ambas partes destacaron el buen estado de la cooperación bilateral y manifestaron su voluntad de seguir profundizándola en ámbitos estratégicos, entre ellos la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el intercambio de información.

El Ejecutivo español también expresó su valoración positiva de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, señalando la relevancia del plan de autonomía como una base considerada viable dentro de los esfuerzos de solución del contencioso, en el marco de la soberanía marroquí.

Este giro en la posición española ha sido interpretado como un cambio significativo en la política exterior hacia el norte de África, al pasar de una postura más ambigua en etapas anteriores a una línea más definida, centrada en el apoyo a una solución considerada pragmática y estable por parte de Madrid.

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En definitiva, el Gobierno español insiste en que su postura responde a una estrategia de Estado, no condicionada por coyunturas ni presiones externas, y orientada a reforzar la estabilidad regional y los intereses de España en su vecindad sur.

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