Rue20 Español/Madrid
La Comisión Europea ha matizado su posición respecto al proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno español, subrayando que las decisiones nacionales en materia migratoria no pueden tener consecuencias negativas para el conjunto de la Unión Europea.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, declaró ante el Parlamento Europeo que, aunque ciertos aspectos de la política migratoria siguen siendo competencia de los Estados miembros, la migración constituye “un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea”. En este sentido, afirmó que cada país debe garantizar que sus decisiones no afecten a otras partes del bloque comunitario, calificándolo como “un principio general de nuestra Unión”.
Las declaraciones suponen un matiz relevante respecto a su postura expresada semanas atrás, cuando había señalado que el proceso de regularización concernía exclusivamente a España. El cambio se produce en un contexto de presión política ejercida por el Partido Popular (PP) español en el seno del Partido Popular Europeo (PPE), que pidió una advertencia clara sobre los efectos de regularizaciones masivas dentro del espacio Schengen.
El Gobierno español prevé regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular, aunque el PP eleva la cifra hasta 800.000 personas si se incluyen posibles reagrupaciones familiares. Según la oposición, una medida de tal magnitud podría tener repercusiones en el conjunto del espacio Schengen, donde rige la libre circulación de personas.
Brunner recordó que un permiso de residencia concedido por un Estado miembro “no es un cheque en blanco” para desplazarse libremente por toda la Unión. Explicó que existen normas claras que establecen que, si un beneficiario de una regularización nacional reside en otro país distinto al que concedió el permiso, debe regresar al Estado que lo emitió. “Eso es lo que esperamos ver ahora en relación con las medidas anunciadas por España”, señaló.
El debate en el Parlamento Europeo estuvo marcado por fuertes tensiones políticas. Representantes del PP criticaron la iniciativa del Ejecutivo español, acusándolo de generar un “efecto llamada”, poner en riesgo la seguridad del espacio Schengen y aumentar la presión sobre los servicios públicos. Por su parte, eurodiputados de formaciones como Vox, Podemos y En Comú protagonizaron intervenciones polémicas, con acusaciones cruzadas y declaraciones controvertidas que eclipsaron cualquier intento de debate técnico sobre la gestión migratoria.
La cuestión refleja las sensibilidades existentes en la Unión Europea respecto a las políticas de regularización y pone de relieve el delicado equilibrio entre la soberanía nacional en materia migratoria y las implicaciones que estas decisiones pueden tener en un espacio europeo caracterizado por la libre circulación.
