Rue20 Español/Rabat
Samir Moudi*
A lo largo de la última década, el Reino de Marruecos y la República de El Salvador han protagonizado procesos de transformación que, aunque arraigados en contextos históricos y geográficos disímiles, muestran sorprendentes convergencias en sus estrategias de posicionamiento internacional. Ambos Estados, situados fuera de los grandes centros de poder, pero con ambiciones de mayor proyección regional y global, han apostado por concentrar reformas internas e iniciativas diplomáticas destinadas a convertir la estabilidad y la modernización en activos de política exterior.
Para comprender estas convergencias es necesario remontarse brevemente a sus trayectorias históricas: Marruecos recuperó su soberanía frente a los poderes coloniales en 1956, un hito que marcó el inicio de la construcción del Estado moderno marroquí; El Salvador, por su parte, atravesó un conflicto interno intenso entre 1979 y 1992 cuyo cierre con los acuerdos de paz de Chapultepec condicionó décadas de recomposición política y social. Estas coordenadas históricas son determinantes a la hora de explicar por qué, en contextos recientes, ambos países han priorizado —cada uno a su manera— la reconstrucción de la credibilidad estatal como eje de su inserción internacional.
En Marruecos, la acción estatal bajo el reinado de Mohammed VI ha sido interpretada por analistas como una estrategia de modernización y diversificación que combina enormes inversiones en infraestructura, políticas industriales selectivas y una diplomacia pragmática orientada a consolidar al país como puente entre Europa y África. La ambición logística del Reino se materializa en proyectos como el complejo portuario de Tánger Med, que en la última década ha escalado hasta convertirse en uno de los nodos portuarios más dinámicos del Mediterráneo y del Atlántico sur, y que constituye un activo de proyección geoeconómica hacia el norte de África y Europa. Asimismo, la apuesta por la transición energética y por sectores de mayor valor añadido inscribe la estrategia marroquí en un proyecto de Estado visto como fiable por inversores externos y socios multilaterales. A este esfuerzo se suma la actividad diplomática destacada del país en el continente africano, reflejada en su reincorporación a la Unión Africana en 2017 y en una política de acercamiento económico y político a múltiples Estados subsaharianos, maniobras que han ampliado el margen de maniobra estratégico de Rabat. En el plano de la política sobre el Sáhara Marruecos ha promovido desde 2007 una propuesta de autonomía como solución política que ha sido presentada formalmente ante instancias de la ONU y que sigue siendo un elemento central de su proyección internacional.
El proceso salvadoreño, aunque menos centrado en infraestructura de escala logística, comparte la misma lógica instrumental: generar condiciones internas que permitan proyectar una nueva reputación externa. Bajo la presidencia de Nayib Bukele (desde 2019), el Gobierno salvadoreño impulsó un paquete de medidas orientadas a la seguridad pública, a la modernización administrativa y a la inserción en circuitos de economía digital. La estrategia de seguridad —identificada en documentos y análisis como el “Plan de Control Territorial” y otras medidas extraordinarias— ha producido una reducción notable de los homicidios oficiales, hecho que el propio Gobierno utiliza como prueba tangible de la eficacia de sus políticas para recuperar espacios de convivencia y movilidad ciudadana. Paralelamente, la adopción legal del bitcoin como moneda de curso legal en 2021 constituyó una audaz apuesta por diferenciar y variar la oferta nacional ante inversores y actores tecnológicos internacionales, a pesar de que dicha iniciativa haya suscitado debate técnico y político sobre su impacto macroeconómico y regulatorio. Dichas iniciativas han reforzado la narrativa oficial de un Estado en proceso de modernización y de reapropiación de la violencia como condición previa para atraer inversión y legitimidad externa.
Más allá de las medidas concretas, la convergencia estratégica entre Rabat y San Salvador radica en comprender que la diplomacia contemporánea no opera ya solo en mecanismos clásicos de negociación estatal sino sobre la base de activos domésticos verificables: estabilidad, credibilidad institucional y capacidades económicas consideradas competitivas por terceros. En este sentido, Marruecos y El Salvador han dirigido reformas internas hacia la construcción de ventajas comparativas —logística y energética en el primero; seguridad y digitalización en el segundo— que median su acceso a capital extranjero, cooperación técnica y espacios de influencia regional. La formulación y difusión de una narrativa coherente ha sido esencial: ambos Estados han procurado traducir medidas públicas en señales internacionales consistentes, lo que a su vez facilita la diversificación de sus alianzas y reduce la dependencia de un solo socio hegemónico.
Esta diversificación de alianzas constituye uno de los rasgos estratégicos más importantes. Marruecos ha ampliado sus vínculos con potencias emergentes (como China e India) y ha reforzado su papel como interlocutor cercano de Europa en asuntos de seguridad y energía, a la vez que intensifica su cooperación económica en África. El Salvador, por su parte, ha buscado renegociar su relación con Estados Unidos sin cerrar la puerta a inversiones y asociaciones con actores europeos y asiáticos, buscando así una mayor autonomía estratégica y espacios para la inserción de su economía digital y de servicios. Ambos enfoques responden a la misma lógica: transformar la posición relativa del país en el tablero internacional mediante la acumulación de opciones y socios.
Las oportunidades bilaterales derivadas de estas convergencias son claras y prácticas. El intercambio de experiencias en áreas como modernización administrativa, gestión de seguridad urbana, promoción de inversiones y diplomacia cultural puede producir sinergias útiles para ambos países. La reciente intensificación de intercambios culturales, misiones comerciales y actividades de cooperación técnica entre Marruecos y El Salvador muestra la operatividad de esa idea, y sugiere que las naciones medianas pueden construir puentes “transregionales” (o extrarregionales) efectivos cuando su política exterior incorpora capacidades internas coherentes.
No obstante, la comparación también obliga a reconocer tensiones y límites. La consolidación de la seguridad en El Salvador ha sido acompañada por cuestionamientos sobre el respeto a garantías procesales y derechos civiles, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad política y ética de ese modelo si sus costes institucionales se consolidan. En Marruecos, la articulación entre modernización económica y demandas de mayor participación política y derechos sociales constituye un desafío estructural que requiere equilibrios continuos entre estabilidad y reforma. Estas tensiones muestran que la construcción de credibilidad externa depende no solo de indicadores instrumentales, sino de la capacidad de integrar reformas en marcos institucionales legítimos y sostenibles.
En definitiva, Marruecos y El Salvador ofrecen dos estudios de caso sobre cómo Estados medianos pueden reposicionarse en la arena internacional mediante la convergencia de liderazgo político, reformas internas y narrativas estratégicas que convierten la gobernanza doméstica en un vector de política exterior. Sus experiencias enseñan que la proyección internacional contemporánea se alimenta tanto de grandes proyectos de infraestructura y de logística como de la gestión efectiva del orden público y la innovación tecnológica; que la credibilidad se construye con resultados verificables; y que la diversificación de alianzas es una herramienta central para ganar autonomía estratégica. Estas lecciones son valiosas para analistas y diplomáticos interesados en los límites y posibilidades de los Estados medianos en un mundo multipolar.
*Hispanista, profesor y traductor.
