Rue20 Español/Rabat
La reciente aprobación de una nueva ley minera en Argelia, que permite la inversión extranjera en el sector, ha desatado una ola de críticas por parte de la oposición, que la considera una «renuncia a las riquezas nacionales».
Tres partidos —el Partido de los Trabajadores, la Agrupación por la Cultura y la Democracia y Jil Jadid— emitieron un comunicado conjunto expresando su «profunda preocupación» por las consecuencias de esta ley, argumentando que elimina el carácter estratégico del sector minero y compromete la soberanía nacional al derogar la regla 51/49, que limitaba la participación extranjera en proyectos estratégicos.
La nueva ley, según la oposición, coloca las actividades mineras en la misma categoría que otros sectores abiertos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, sin distinción. Este cambio, a su juicio, pone en peligro los recursos naturales del país y abre la puerta al control por parte de entidades extranjeras, incluso potencialmente «hostiles». La preocupación se intensifica por la coincidencia de esta ley con recientes acercamientos diplomáticos y económicos hacia Estados Unidos.
En los últimos meses, Argelia ha mostrado una creciente disposición a cooperar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump en diversos sectores, incluyendo el minero. El embajador argelino en Washington, Sabri Boukadoum, ha expresado públicamente el interés de Argelia en profundizar la cooperación económica con Estados Unidos, destacando los «abundantes y vitales recursos minerales» del país.
Estas declaraciones, junto con la firma de dos memorandos de entendimiento con Estados Unidos —uno en el ámbito militar y otro relacionado con la exploración de hidrocarburos marinos con Chevron— han llevado a algunos observadores a interpretar la nueva ley minera como parte de un posible «acuerdo político-económico» no declarado con Washington.
Si bien el gobierno argelino no ha confirmado oficialmente esta conexión, la coincidencia temporal y las declaraciones del embajador Boukadoum refuerzan la hipótesis de un vínculo entre la nueva ley y la búsqueda de inversión estadounidense.
La oposición teme que esta apertura incondicional debilite el control nacional sobre el sector minero y genere tensiones sociales y ambientales, particularmente en las zonas ricas en recursos minerales, que a menudo ya sufren marginación. Además, critican la falta de debate nacional previo a la aprobación de la ley, denunciando la «lógica de la prisa y las decisiones de arriba abajo» que excluyen la participación ciudadana en decisiones cruciales para el país.
Por su parte, el gobierno defiende la apertura del sector minero a la inversión extranjera como una medida necesaria para diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo y el gas. Argumenta que la nueva ley forma parte de un plan integral para atraer capital extranjero y promover el desarrollo en las zonas del interior del país. Sin embargo, la controversia generada por esta decisión pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de diversificación económica y la protección de los recursos estratégicos nacionales.
La oposición advierte que, en lugar de impulsar el desarrollo, la nueva ley podría convertirse en un foco de nuevas protestas sociales.
