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España ha dado carácter oficial a un acuerdo de cooperación administrativa entre la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el marco de un proyecto europeo destinado a reforzar la regulación del sector eléctrico en Marruecos.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado y fechada el 15 de abril, hace público este dispositivo vinculado al proyecto «TW Energía Marruecos ANRE MA-22-NDICI-EY-01-24», en cumplimiento de la normativa española sobre el régimen jurídico del sector público. El documento ha sido firmado por el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera Rodríguez.
Según el texto oficial, el acuerdo se publica «para conocimiento general» y forma parte de las obligaciones de transparencia administrativa, incorporándose como anexo a la resolución.
El programa se enmarca en una iniciativa financiada por la Unión Europea orientada a apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la Autoridad Nacional de Regulación de la Electricidad en Marruecos. La FIAP actúa como unidad de gestión del programa de hermanamiento institucional, mientras que la CNMC participa como regulador nacional español.
El proyecto fue inicialmente publicado en octubre de 2024 y adjudicado en junio de 2025 a un consorcio formado por España, Portugal y Grecia, con España como Estado miembro líder. Posteriormente, en enero de 2026, se formalizó el contrato de hermanamiento con la participación de las autoridades marroquíes, las instituciones europeas y los socios del consorcio.
El acuerdo establece una distribución precisa de responsabilidades. La FIAP asumirá la gestión financiera y administrativa del proyecto, incluyendo la tramitación de pagos, el control presupuestario, la elaboración de informes económicos y la contratación de auditorías. También será responsable de la movilización y logística de expertos españoles desplazados a Marruecos.
Por su parte, la CNMC se encargará de la dimensión técnica del proyecto, incluyendo la preparación del plan de trabajo, la selección de expertos, la supervisión del hermanamiento y la elaboración de informes técnicos. Asimismo, coordinará las visitas de expertos marroquíes a España.
El documento subraya que el acuerdo no implica relación de dependencia entre las partes, manteniendo cada institución su autonomía jurídica. Los resultados del proyecto serán de uso compartido, con condiciones específicas para su explotación.
La duración del programa se fija en 24 meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años. Además, se prevé la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar la ejecución y garantizar la coordinación entre las partes.
El acuerdo incorpora disposiciones relativas a la confidencialidad, la protección de datos, la resolución de conflictos y el respeto de los derechos fundamentales, en consonancia con la normativa europea vigente.
Este dispositivo se inscribe en los esfuerzos de cooperación institucional entre la Unión Europea y Marruecos en el ámbito energético, con el objetivo de mejorar las capacidades regulatorias del sector eléctrico y reforzar el intercambio de experiencias técnicas y administrativas entre los países implicados.
