Rue20 Español/Rabat
El enfoque de Estados Unidos sobre el conflicto del Sáhara marroquí experimenta una evolución significativa, tras la introducción en el Senado de un proyecto de ley que plantea la posible designación del Polisario como organización terrorista, en un contexto marcado por las preocupaciones de seguridad regional y la influencia iraní.
Según un análisis publicado por la Mideast Journal, la iniciativa legislativa, presentada el pasado 12 de marzo por los senadores Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott, solicita a la administración estadounidense evaluar posibles vínculos entre el Polisario y redes asociadas a Irán.
El texto, denominado “Ley de Designación Terrorista del Frente Polisario de 2026”, contempla en una primera fase la elaboración de un informe exhaustivo por parte del Departamento de Estado que abarque la última década.
El objetivo es determinar la existencia de eventuales formas de cooperación, incluidas transferencias de armamento, asistencia militar, uso de drones o apoyo logístico a través de intermediarios vinculados a Hezbolá.
En caso de confirmarse dichos vínculos, la legislación prevé la adopción de sanciones y la apertura de un procedimiento formal para incluir al Polisario en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos.
Más allá de sus implicaciones jurídicas, el proyecto refleja un cambio de enfoque en Washington. Tradicionalmente abordado como una cuestión diplomática ligada a una disputa territorial, el Sáhara marroquí comienza a ser analizado desde la óptica de la seguridad y los equilibrios geopolíticos.
Este giro se inscribe en un contexto de tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán, marcado por una serie de ataques en los últimos años contra infraestructuras energéticas y rutas marítimas estratégicas en la región del Golfo, a menudo atribuidos a actores respaldados por Teherán.
Para numerosos responsables estadounidenses, estas acciones evidencian la capacidad de Irán para proyectar influencia a través de actores no estatales, una estrategia que ha sido ampliamente documentada en escenarios como Líbano, Irak o Yemen.
La preocupación creciente en Washington radica ahora en la posible extensión de este modelo hacia regiones consideradas vulnerables, como el norte de África y el Sahel.
En este contexto, el conflicto en torno al Sáhara marroquí deja de percibirse como un caso aislado y pasa a integrarse en una lectura más amplia de las dinámicas de influencia regional.
Esta interpretación coincide con las acusaciones formuladas por Marruecos en 2018, cuando Rabat rompió relaciones diplomáticas con Irán, señalando un apoyo militar al Polisario a través de Hezbolá.
Un eventual cambio en la postura estadounidense podría tener repercusiones directas en el equilibrio regional, particularmente en relación con Argelia, principal respaldo del Polisario desde la década de 1970.
Mientras tanto, el proceso político impulsado por la Organización de las Naciones Unidas continúa su curso, con la participación de Marruecos, el Polisario, Argelia y Mauritania; en un marco de negociaciones que ha contado en los últimos años con el apoyo activo de Washington.
No obstante, la introducción de consideraciones de seguridad vinculadas a Irán añade complejidad a un proceso ya de por sí delicado. Aunque el proyecto de ley se encuentra aún en una fase inicial de tramitación y deberá superar diversas etapas legislativas, su mera presentación es interpretada como un indicio de cambio en la percepción estratégica estadounidense.
Por primera vez en años, el Sáhara marroquí se debate en la capital estadounidense no solo como un contencioso político por resolver, sino como un elemento inscrito en una competencia geopolítica de alcance global.
