Rue20 Español/Madrid
Un total de 2,7 millones de personas residen en áreas clasificadas como de alto riesgo de inundación en España, según los datos presentados este jueves por la organización ecologista Greenpeace.
La ONG denuncia que la continua ocupación de suelos inundables, combinada con una planificación urbanística insuficiente, mantiene a una parte significativa de la población en una situación de vulnerabilidad extrema ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.
La advertencia se produce en un momento especialmente sensible: apenas un año después de la devastadora DANA de 2025 —la más grave registrada en el país en las últimas décadas— y tras los importantes daños provocados recientemente por la borrasca Leonardo en varias comarcas de Andalucía, donde municipios como San Martín del Tesorillo (Cádiz) sufrieron graves inundaciones.
Greenpeace critica que la gestión del riesgo de inundaciones en España continúe siendo predominantemente reactiva, centrada en la respuesta de emergencia una vez que se producen los desastres, en lugar de avanzar hacia una estrategia preventiva y estructural. La organización exige una revisión urgente y obligatoria de todos los planes de ordenación urbana y territorial para incorporar cartografías de inundabilidad actualizadas y de carácter vinculante, declarando expresamente como no urbanizables las zonas de alto riesgo, tanto de origen fluvial como pluvial.
Entre los casos más recientes, Greenpeace señala el episodio de inundaciones pluviales sufrido en **Grazalema** (Cádiz), que pone de manifiesto la necesidad de proteger también frente a este tipo de riesgos, más allá de los cauces fluviales tradicionales.
Elvira Jiménez, responsable de la campaña de adaptación al cambio climático de Greenpeace, ha declarado: “Cada nueva borrasca seguirá poniendo en peligro miles de vidas y hogares mientras no se detenga la ocupación de zonas inundables. El cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de estos eventos extremos, y la respuesta no puede limitarse a reparar daños después de cada catástrofe”.
La organización propone un cambio profundo de modelo hacia lo que denomina una **transición hidrológica justa**, que abandone “la política del hormigón” y sitúe la **recuperación de los ecosistemas** como eje central de la resiliencia territorial. Entre las medidas concretas que defiende destacan:
– La restauración de humedales, riberas fluviales, llanuras de inundación y masas forestales, incluso en entornos urbanos.
– La devolución a los ríos de su capacidad natural de expansión y laminación de avenidas.
– La recuperación de la salud de los acuíferos.
– La aplicación inmediata de Soluciones basadas en la Naturaleza.
– El cumplimiento íntegro del Reglamento de Restauración de la Naturaleza aprobado por la Unión Europea.
Greenpeace subraya que estas actuaciones no solo reducirían los daños económicos y protegerían vidas humanas, sino que también aumentarían la capacidad de adaptación del territorio ante el agravamiento de los episodios meteorológicos extremos.
Al mismo tiempo, la organización insiste en que la lucha contra las inundaciones debe abordarse también desde su causa estructural: una reducción drástica y urgente de las emisiones de CO₂ y el abandono rápido y equitativo de los combustibles fósiles, principal factor del cambio climático que está intensificando estos fenómenos.
Con esta denuncia, Greenpeace busca reabrir el debate sobre la sostenibilidad del modelo urbanístico español y la necesidad de pasar de una gestión meramente de emergencias a una prevención estructural del riesgo de inundaciones en todo el territorio.
