Rue20 Español/Melilla
La Comunidad Musulmana de Melilla ha aclarado este lunes que la posible regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, derivada del acuerdo entre el PSOE y Podemos y que será abordada el 27 de enero en el Consejo de Ministros, no tendría un impacto relevante en la ciudad.
En un comunicado al que tiene acceso Rue20 Español, la entidad explicó que la iniciativa, aún pendiente de desarrollo normativo definitivo, contempla requisitos específicos como acreditar la permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar un periodo mínimo de estancia continuada, carecer de antecedentes penales graves y aportar documentación que pruebe el arraigo o la presencia efectiva en el país.
La Comunidad Musulmana recordó además que la propuesta ha generado distintas reacciones políticas. Mientras el Partido Popular ha expresado su preocupación por un posible “efecto llamada” y por el uso político de la medida, Vox ha manifestado su rechazo frontal a cualquier regularización extraordinaria y ha defendido un endurecimiento de la política migratoria. La entidad subrayó que estas posiciones forman parte del legítimo debate democrático.
No obstante, la organización fue tajante al señalar que, en el caso de Melilla, “la inmensa mayoría” de las personas de origen extranjero residentes en la ciudad se encuentran debidamente documentadas y en situación administrativa regular, por lo que una eventual regularización tendría un alcance muy limitado.
Asimismo, indicó que, si la medida llegara a aprobarse, cualquier caso aislado que cumpliera los requisitos establecidos por la ley tendría derecho a acogerse a ella, como en cualquier otro punto del territorio nacional.
Desde Melilla, la Comunidad Musulmana reafirmó su compromiso con la convivencia, el respeto a la legalidad vigente y la cohesión social, y apostó por un debate “sereno y riguroso”, alejado de alarmismos y ajustado tanto a la realidad jurídica como social de cada territorio.
La entidad concluyó reiterando su voluntad de actuar con responsabilidad institucional, defendiendo el cumplimiento de la ley y la dignidad de las personas, sin generar confusión ni inquietud innecesaria entre la ciudadanía.
