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En los últimos meses, España ha intensificado sus operaciones contra las redes criminales que facilitan la migración irregular desde Argelia, una ruta marítima que se ha convertido en la más activa y peligrosa del Mediterráneo occidental. El Ministerio del Interior español cifra en más de medio centenar las detenciones vinculadas a estas mafias, mientras los flujos de pateras procedentes de Argelia continúan creciendo de manera alarmante.
Las autoridades españolas denuncian un fenómeno cada vez más estructurado, con organizaciones que combinan el tráfico de personas y el narcotráfico mediante el uso de embarcaciones rápidas de gran potencia, según recoge Europa Press.
Estas redes, que operan principalmente desde las costas argelinas, llegan a cobrar hasta 7.000 euros por migrante, generando beneficios que superan los 1,5 millones de euros. La situación pone en evidencia la débil respuesta del gobierno argelino, cuya falta de control efectivo sobre sus costas ha convertido el país en un punto de partida privilegiado para las mafias migratorias.
Aunque Argel afirma haber impedido el traslado de más de 100.000 migrantes hacia Europa, los datos recogidos por España contradicen ese discurso. Solo en las Islas Baleares, las llegadas aumentaron un 75 % en 2025, con más de 6.000 migrantes interceptados hasta octubre. La cooperación bilateral, reactivada tras la crisis diplomática entre ambos países, parece insuficiente frente a una maquinaria criminal cada vez más sofisticada, con ramificaciones en Francia, Italia y otros países europeos.
Investigaciones recientes, en colaboración con Europol, han revelado que parte de los beneficios del tráfico se canalizan a través de empresas pantalla en territorio francés, lo que apunta a un entramado económico transnacional que blanquea las ganancias obtenidas en Argelia. Estas redes no solo introducen migrantes en España, sino que también organizan su regularización fraudulenta mediante documentos falsos o matrimonios ficticios, cobrándoles entre 10.000 y 20.000 euros adicionales por “arreglar” su situación.
España se enfrenta así a una doble amenaza: por un lado, la inacción o complicidad tácita de las autoridades argelinas, y por otro, la expansión de un modelo de negocio ilícito que combina explotación humana, crimen organizado y corrupción institucional. El problema, lejos de ser únicamente migratorio, refleja un fracaso diplomático y estructural que requiere una respuesta más firme de la Unión Europea y una presión política real sobre Argel.
