Rue20 Español/Rabat
Argelia ha decidido apostar, una vez más, por la fuerza de las armas antes que por el bienestar de su pueblo. El proyecto de ley de finanzas (PLF) para 2026 revela un presupuesto marcadamente militarizado, con 25.400 millones de dólares destinados al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), una cifra que equivale a más del 10 % del gasto total del Estado.
El Gobierno justifica esta desmesurada asignación con el argumento de la “inestabilidad regional” y los “riesgos en las fronteras del Sahel”, además de la “crisis libia” y las “rivalidades geopolíticas en el Mediterráneo”. Pero tras ese discurso de seguridad se esconde una realidad económica y social preocupante; el gasto militar se devora cada año una parte más grande de los recursos nacionales, dejando a la educación, la sanidad y el empleo en segundo plano.
Los números hablan por sí solos. Los presupuestos combinados de estos tres sectores sociales no alcanzan ni siquiera el nivel asignado a Defensa. Argelia se sitúa así entre los diez países del mundo con mayor gasto militar, superando incluso la suma de varios Estados africanos. Una decisión que se aleja de las prioridades reales de su población, golpeada por la inflación, el paro juvenil y la degradación de los servicios públicos.
El impacto económico de esta apuesta militarista es evidente. La mayor parte del armamento adquirido por Argelia se importa de Rusia, China y Europa, lo que aumenta la dependencia exterior y reduce las reservas en divisas. En una economía que aún vive de los hidrocarburos —más del 90 % de sus exportaciones provienen del gas y el petróleo—, esta fuga de capitales limita la diversificación económica y estrangula la inversión en industria y desarrollo local.
A nivel macroeconómico, el déficit público ronda el 5 % del PIB, la deuda crece y las subvenciones sociales se reducen para hacer espacio a los gastos militares. Mientras tanto, la inflación alimentaria supera el 8 %, el desempleo juvenil ronda el 30 % y el acceso a la vivienda y a los servicios esenciales se vuelve cada vez más difícil.
El contraste entre el esfuerzo militar y la precariedad social es tan flagrante que muchos analistas interpretan esta política como un ejercicio de propaganda interna y de proyección externa. En un contexto de tensión permanente con Marruecos y de reconfiguración de alianzas en el Sahel, Argelia pretende afirmar su estatus de potencia regional a golpe de presupuesto. Sin embargo, esta estrategia tiene más de gesto simbólico que de visión estratégica.
Porque la seguridad de un país no se mide en tanques ni misiles, sino en la estabilidad de su economía y la cohesión de su sociedad. Al privilegiar la defensa sobre la educación, la salud y la innovación, el régimen argelino pone en riesgo su futuro y compromete su desarrollo a largo plazo.
En definitiva, el presupuesto de 2026 confirma un paradigma contradictorio: mientras Argelia se jacta de su poderío militar, su población enfrenta la inflación, el paro y el deterioro de los servicios públicos. En lugar de transformar sus ingentes rentas energéticas en prosperidad sostenible, el país sigue atrapado en una lógica de gasto improductivo que lo aleja de la modernidad.
La verdadera fortaleza de una nación —recordaba recientemente un analista económico magrebí— “no se mide por el número de sus armas, sino por la confianza y el bienestar de su pueblo”. Algo que Argelia, al parecer, sigue sin entender.
