Rue20 Español/Rabat
Zakaria El Aroussi, juez y jefe de la unidad de seguimiento de la ejecución de medidas penales y resoluciones judiciales en la Fiscalía General, confirmó que, tras las manifestaciones de violencia, vandalismo e incitación registradas recientemente en algunas ciudades del reino, se ha procedido al procesamiento de aproximadamente 193 personas sospechosas.
El Aroussi explicó en declaraciones a los medios de comunicación que se solicitó la apertura de una investigación contra 18 personas sospechosas, de las cuales 16 fueron puestas en prisión preventiva por orden del juez de instrucción.
Añadió que también se procesó a 19 personas sospechosas en estado de detención por parte de las fiscalías competentes, debido a la gravedad de los actos cometidos, relacionados principalmente con delitos de orden público. Algunos de estos individuos se encontraban en estado de intoxicación.
Señaló que 158 personas sospechosas fueron procesadas en libertad, mientras que se decidió archivar el caso de 24 personas sospechosas. Cabe destacar que un grupo de personas fue puesto en libertad tras ser interrogado en actas legales.
El Aroussi indicó que estas protestas, no autorizadas, se caracterizaron por comportamientos que no tienen ninguna relación con las manifestaciones pacíficas. Estos eventos incluyeron varios actos de violencia y vandalismo, como el lanzamiento de piedras contra las fuerzas públicas, la destrucción de propiedades de ciudadanos, daños materiales a vehículos y fachadas de comercios, robos, incendios de vehículos propiedad del Estado, deterioro de bienes destinados al uso público, violencia y obstrucción del tráfico en la vía pública.
Destacó que, dado que estos comportamientos causaron perjuicios a la seguridad y la integridad de los ciudadanos y están tipificados como delitos, se iniciaron investigaciones judiciales al respecto bajo la supervisión de las fiscalías competentes, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
Asimismo, las investigaciones revelaron, según el responsable judicial, la implicación de un grupo de menores, quienes fueron derivados a los tribunales de menores para que se adopten las medidas legales correspondientes. También se comprobó que algunas personas publicaron contenidos digitales en varias cuentas de redes sociales con el objetivo de incitar a la población a salir a las calles a protestar. Además, se difundieron contenidos digitales de manifestaciones ocurridas fuera del territorio nacional con el propósito de engañar al público, aumentar las visualizaciones y obtener ganancias económicas.
Afirmó que las investigaciones siguen en curso para identificar al resto de las personas sospechosas de estar involucradas en los eventos ocurridos la noche del 30 de septiembre, y que serán presentadas ante las fiscalías competentes para tomar las medidas legales adecuadas según los resultados de estas investigaciones.
Concluyó que las fiscalías están comprometidas con garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos y sus propiedades, así como con preservar el orden y la seguridad públicos.
Al mismo tiempo, se dedican a proteger los derechos y libertades en cumplimiento de las funciones que les asignan la ley y la constitución, enfatizando que las fiscalías no dudarán en aplicar la ley de manera estricta y firme para garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.
