Rue20 Español/Rabat
El informe anual de 2024 del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la situación de los derechos humanos en Argelia reveló un preocupante deterioro de las libertades públicas como resultado de lo que describió como una creciente represión, especialmente en las áreas de libertad de expresión y libertad de asociación.
El informe confirmó que las violaciones más destacadas incluyeron desapariciones, torturas, tratos crueles o degradantes, arrestos y detenciones arbitrarias, además de severas restricciones a la libertad de prensa, que incluyeron ataques y amenazas contra periodistas y arrestos injustificados, junto con restricciones a la libertad religiosa, la trata de personas y el trabajo forzoso, y la intimidación o violencia contra activistas sindicales.
A pesar de esto, el informe señaló que las autoridades argelinas tomaron varias medidas limitadas, incluida la apertura de investigaciones sobre denuncias de malos tratos y la adopción de medidas administrativas contra algunos agentes del orden, además de registrar casos de enjuiciamiento o condena de funcionarios civiles, de seguridad y militares. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema fundamental, según el informe.
El informe destacó que la Constitución argelina garantiza teóricamente la libertad de expresión, pero las leyes y prácticas reales han restringido significativamente estos derechos, ya que se han registrado numerosos juicios contra periodistas y activistas basados en leyes ambiguas que clasifican las críticas como actos «terroristas».
En abril de 2024, las autoridades adoptaron enmiendas al código penal que penalizan la publicación de las llamadas «noticias falsas» o cualquier información que pueda considerarse «perjudicial para la unidad nacional», con penas de hasta cinco años de prisión y multas, sin una definición clara de los conceptos utilizados. También se introdujeron nuevas disposiciones que permiten la cadena perpetua para quienes sean condenados por traición o filtración de información considerada secreta si se describe como perjudicial para la seguridad nacional o la economía.
El informe registró casos destacados, incluido el del periodista Mustapha Bendjama, editor en jefe del periódico Le Provincial, quien fue liberado en abril después de pasar 14 meses en prisión por cargos relacionados con financiación extranjera y atentar contra las instituciones estatales, pero las autoridades posteriormente le prohibieron viajar y lo arrestaron nuevamente en diciembre.
También se destaca el caso del escritor francés Boualem Sansal, quien fue acusado en noviembre de terrorismo por declaraciones a la prensa sobre las relaciones argelino-marroquíes, un cargo que conlleva una pena de cadena perpetua.
El informe también indicó que las autoridades utilizaron el control de la publicidad pública y el monopolio de las imprentas como herramienta de presión sobre los periódicos, además de restringir la acreditación de los medios de comunicación extranjeros, ya que grandes cadenas como France 24 perdieron sus licencias debido a lo que las autoridades describieron como la repetida hostilidad hacia Argelia.
