Rue20 Español/Madrid
A finales de julio de 2025, el Gobierno español aprobó un proyecto de ley que podría redefinir la transparencia en el país y tener repercusiones internacionales. El nuevo texto legislativo sobre información clasificada, aprobado en Consejo de Ministros, busca reemplazar la ley franquista de 1968, abriendo la puerta a la desclasificación de documentos históricos sensibles.
Este proyecto, pendiente de la validación parlamentaria, establece un plazo máximo de 60 años para la desclasificación automática de información oficial. La duración varía según la sensibilidad de los datos: desde 4 años para información «restringida» hasta 45 años, con posible prórroga de 15 años, para documentos «alto secreto». La ley contempla excepciones para casos de «seguridad nacional o defensa».
La trascendencia de esta iniciativa reside en el acceso progresivo que investigadores y público en general tendrán a archivos estatales, incluyendo aquellos previos a la Constitución de 1978. Significativamente, la ley prohíbe clasificar información sobre violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, marcando una ruptura con la opacidad del pasado y un compromiso con la transparencia.
El Sáhara marroquí emerge como uno de los temas clave que podrían verse iluminados por esta nueva ley. Según el diario El País, la retirada española del Sáhara marroquí en 1975, la Marcha Verde y las relaciones hispano-marroquíes durante la transición post-franquista son algunos de los puntos centrales que la desclasificación de documentos podría esclarecer.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, expresó la expectativa del ejecutivo de que el Parlamento apruebe la ley en los próximos meses, con miras a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante el último trimestre de 2025 y su entrada en vigor a finales de 2026.
Bolaños destacó que el proyecto «nos alinea con las democracias más avanzadas y garantiza la seguridad nacional al tiempo que preserva el derecho de los ciudadanos a la información».
La iniciativa ha generado un creciente interés en círculos académicos, políticos y mediáticos, tanto en España como en Marruecos.
Más allá de su impacto en la memoria histórica española, la ley reaviva aspectos sensibles de la historia compartida con países vecinos, particularmente Marruecos, proyectando sus efectos más allá del ámbito nacional y situándolos en un contexto diplomático internacional.
