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viernes, abril 26, 2024

Caso Gali. España busca a quién pagará el precio de jugar con fuego

 

Rue20 Español/ FEZ

Ismail El Khouaja

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El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, mueve fichas y está haciendo el jaque mate para llegar a la cabeza que dio orden a la entrada secreta y con identidad falsa a un presunto genocida, Brahim Ghaali, a España para hospitalizarse de Covid-19.

Este juego de ajedrez va a coger tiempo debido al carácter ambiguo del caso en el cual están metidos no solo el Ministerio de Exterior, sino también el de Interior, según informa ABC.

El testimonio del exjefe de gabinete de la ex ministra del MAE, Arancha González Laya, Camilo Villarino, dejó tocada a la ex ministra al verse implicada de lleno en facilitar la entrada de Ghali, cuando pidió a Villarino “máxima discreción” a la hora de otorgarle facilitar la entrada de Gali para evitar originar un «perjuicio» a las relaciones internacionales del país.

El juez tiene decidido que el dispositivo policial, perteneciente al Ministerio del Interior, “activó un operativo especial de vigilancia y seguridad para proteger al líder del Frente Polisario para que ingresara en el hospital San Pedro de Logroño”, dice Libertad Digital.

En este caso, la implicación del ministro del Interior, que desde el principio oponía la entrada de Ghali, Fernando Grande-Marlaska, agravó aun el caso.

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“La ambulancia que trasladó a Ghali al hospital sí tuvo algún tipo de seguimiento policial y que lo que sí sabía a ciencia cierta es que en el centro hospitalario había vigilancia del personal de Interior”, según la declaración de Villarino desvelada por la misma fuente.

Durante la celebración de la Asamblea de la ONU de Nueva York, celebrada esta semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió a su ex ministra Laya por haber acogido a un criminal de guerra por “razones humanitarias”.

El presidente no quiso revelar quien dio luz verde a la entrada de Ghali que desató una crisis sin precedentes con el Reino de Marruecos que duró más de 5 meses.

La declaración de Sánchez dejó muchas dudas respecto a la cabeza del caso, lo que da a entender que el caso se extenderá mas de lo que se suponía.

 

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