Rue20 Español/Málaga
Los informes técnicos desmontan las alegaciones del partido de ultraderecha y el proyecto recupera su curso legal.
El pulso que Vox mantenía con el Ayuntamiento de Sevilla por la construcción de un centro cultural islámico en el Polígono Sur ha llegado a su fin. La Gerencia de Urbanismo ha concluido los informes técnicos y jurídicos que despejan cualquier obstáculo para la concesión de la licencia de obras, que volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes 28 de julio.
Los dictámenes, según fuentes municipales, determinan que «el uso es compatible con la calificación de la parcela» y que «no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana». El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha sido taxativo: «Estamos ante un promotor privado que actúa sobre un suelo privado y que cumple a rajatabla la normativa urbanística vigente; negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica. Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado».
La tramitación había quedado en suspenso el pasado 10 de julio, cuando el grupo municipal de Vox logró la retirada del punto del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo. «Hemos conseguido finalmente paralizar el proyecto de la mezquita», celebró entonces la formación, que animaba al alcalde José Luis Sanz (PP) a abrir un proceso participativo y advertía de que no permitiría la «islamización de los barrios».
Sin embargo, el derecho ha terminado por imponerse. El proyecto, promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, contempla un complejo de más de 6.000 metros cuadrados que incluye la sala de oración, un minarete, talleres, espacios de coworking, cafetería y dependencias para atención médica. La inversión ronda los 15 millones de euros, totalmente privados. Se levantará en una parcela de titularidad privada en la calle Victoria Domínguez Cerrato, junto al Parque Celestino Mutis.
«Es un conflicto ficticio generado para polarizar a la opinión pública y sacar rédito político», denunciaron los promotores hace unos días. Jadiya Martínez, consejera de la fundación, ha insistido en que las licencias «se conceden por criterios técnicos y no ideológicos»; y ha desmentido la supuesta «prioridad musulmana» que Vox atribuye al proyecto: «En ningún momento y en ningún lugar hemos usado tal expresión». El plan director contempla atención sanitaria «abierta para todos por igual, con atención especial a las necesidades que por los preceptos islámicos alimenticios tienen los musulmanes».
El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, había reclamado al Comisionado para el Polígono Sur que centrara sus esfuerzos en «resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos»; en lugar de «amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio». Una argumentación que, sin embargo, no ha resistido el examen de los técnicos municipales.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, había anticipado que su partido haría «todo lo posible» por frenar el proyecto, al que acusaba de ser un intento de «islamizar nuestros barrios». Incluso llegó a afirmar que el centro tendría un servicio médico de «prioridad musulmana», extremo que la fundación ha desmentido categóricamente.
El alcalde, José Luis Sanz, ya había sentado posición antes incluso de que el asunto se abordara en la Comisión de Urbanismo: «Las ideologías no están por encima de las leyes». Una frase que resume el fondo del asunto: el proyecto nada tiene que ver con la fallida cesión de suelo municipal en Los Bermejales en tiempos de Sánchez Monteseirín. Se trata de una iniciativa privada sobre suelo privado, con un uso social-cultural que cumple escrupulosamente la normativa.
El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha reclamado al gobierno de Sanz «rigor y objetividad» en la tramitación, advirtiendo de que la concesión de la licencia no puede depender de cuestiones ideológicas, opiniones personales o cálculos políticos. «Si el Ayuntamiento no da la licencia de obras para la mezquita, es que estamos hablando de otra cosa», ha sentenciado.
En un gesto de altura institucional, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha recordado recientemente que «se deben tener en cuenta dos elementos: derechos y libertades». El prelado ha esgrimido la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la declaración ‘Dignitatis Humanae’ del Concilio Vaticano II para subrayar que la libertad religiosa es un derecho fundamental. «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», ha afirmado, si bien ha recordado que estos derechos se ejercen de acuerdo con la legislación estatal, autonómica y local.
El desenlace de este episodio constituye una victoria de la legalidad sobre el oportunismo político. Vox ha intentado utilizar los problemas estructurales del Polígono Sur como ariete contra un proyecto que, simplemente, cumple la ley. Pero el Estado de derecho no admite excepciones: una licencia de obra es un acto reglado, y los informes técnicos no se doblegan ante consignas ideológicas.
La mezquita del Polígono Sur se construirá. Y lo hará no porque una mayoría política lo quiera, sino porque la ley lo permite. Esa es la única legitimidad que, en una democracia, debería importar.
