Rue20 Español/Madrid
La red consular del Reino en territorio español ha multiplicado su capacidad operativa con horarios ampliados hasta las 18:00 horas, apertura en sábados y jornadas de puertas abiertas en domingos, en una movilización que el ministro Nasser Bourita ha calificado de «excepcional e integrada» para garantizar que ningún ciudadano marroquí quede excluido del proceso.
La decisión del Gobierno español de poner en marcha una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, enmarcada en el Real Decreto 316/2026, ha desatado una carrera contrarreloj entre los cientos de miles de extranjeros que residen en el país ibérico. Y en esa carrera, la comunidad marroquí —la más numerosa entre la población foránea en España— ha contado con el respaldo de una infraestructura diplomática volcada en cuerpo y alma para allanar el camino.
Lejos de limitarse a una respuesta burocrática, el Reino de Marruecos ha articulado un plan de acción «excepcional e integrado», según la definición del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha transformado la operativa de los doce consulados generales desplegados en suelo español. La movilización, enmarcada en la aplicación de las Altas Instrucciones Reales de Su Majestad el Rey Mohammed VI, parte de una premisa clara: la centralidad de los marroquíes residentes en el extranjero como pilar estratégico de la nación y la protección de sus intereses en los países de acogida.
El principal obstáculo que ha debido sortear la administración marroquí ha sido la expedición del certificado de antecedentes penales, conocido como «fiche anthropométrique» o «Extrait du Casier Judiciaire». Este documento, de validez limitada a 90 días según los estándares exigidos por las autoridades españolas, se ha convertido en la pieza angular sin la cual ningún solicitante puede completar su expediente de regularización.
Hasta hace unos meses, el procedimiento obligaba al ciudadano a otorgar un poder notarial a un familiar en Marruecos para que pudiera retirar el documento ante la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) en el Reino, con la consiguiente legalización del poder. La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con la Embajada en Madrid y los consulados, no se ha hecho esperar.
El mecanismo ideado por Rabat ha simplificado drásticamente el proceso. Ahora, el ciudadano marroquí puede solicitar directamente la ficha antropométrica en el consulado de su circunscripción, presentando únicamente su documento nacional de identidad. Los consulados generales reciben y tramitan la solicitud, que es transmitida mediante un sistema de mensajería electrónica segura al Ministerio de Asuntos Exteriores en Rabat y, desde allí, a la DGSN.
Una vez expedido el certificado por la DGSN, el documento pasa a la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra para su legalización y la correspondiente Apostilla de La Haya —Marruecos es miembro de este convenio desde 2016, lo que ha facilitado enormemente la validez internacional de los documentos— y es enviado por valija diplomática a los consulados en España para su entrega al interesado. El plazo máximo para completar todo el procedimiento, según ha confirmado el ministro Nasser Bourita, no supera una semana.
La magnitud del desafío ha exigido una reorganización sin precedentes de la actividad consular. Los consulados de Marruecos en España han ampliado su horario de atención al público hasta las 18:00 horas, cuando hasta ahora cerraban sus puertas a las 15:00. Además, se ha incorporado de manera excepcional el sábado como jornada laboral ordinaria y se ha habilitado la posibilidad de jornadas de puertas abiertas los domingos cuando las circunstancias lo requieran.
«Reafirmamos que el servicio al ciudadano de Marruecos y la protección de sus intereses constituyen una prioridad absoluta», ha reiterado la Embajada del Reino en Madrid como consigna de las reuniones de coordinación mantenidas con los responsables consulares. El personal ha sido reforzado con agentes temporales para apoyar a los equipos habituales, una medida que, en palabras del ministro Bourita, ha contribuido «de manera tangible» a mejorar el rendimiento y la calidad de la atención.
El dispositivo ha sido desplegado, además, como respuesta a las inquietudes planteadas en el seno del Parlamento marroquí. La diputada Fadwa Mohcine El Hayani, del grupo Haraki, había formulado una pregunta parlamentaria sobre el «retraso en la tramitación de las solicitudes de certificados de buena conducta y poderes notariales para los marroquíes residentes en el extranjero». La respuesta escrita del ministro Bourita ha sido taxativa: los ministerios de Asuntos Exteriores, la Embajada en Madrid y los consulados se mantienen «constantemente movilizados» para garantizar el acceso a los servicios consulares.
El enfoque integral del plan persigue no solo la agilidad administrativa, sino también el fortalecimiento de la buena gobernanza y la preservación de la imagen y el prestigio del Reino. En paralelo a la atención específica para la regularización, los consulados han mantenido sin interrupción el resto de servicios habituales: expedición de pasaportes, renovación del DNI y trámites de estado civil.
Los datos oficiales avalan la importancia de esta movilización. Según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, los ciudadanos marroquíes han presentado cerca de 157.000 solicitudes de regularización, lo que representa el 13,4% del total de 1.174.968 peticiones registradas en el conjunto del proceso. Esta cifra sitúa a la comunidad marroquí en la segunda posición entre las nacionalidades más beneficiadas, solo por detrás de los ciudadanos de países de Centro y Sudamérica.
La respuesta marroquí no ha sido una improvisación, sino el fruto de una planificación cuidadosa que arrancó en febrero, inmediatamente después de conocerse los primeros detalles de la iniciativa española. Una reunión de coordinación por videoconferencia entre la Embajada en Madrid, los consulados en España y las autoridades competentes en Marruecos sentó las bases de un operativo que ha sido seguido con atención por los observadores internacionales.
Con el plazo de solicitudes cerrado el pasado 30 de junio, el balance que arroja este despliegue es inequívocamente positivo. Marruecos ha demostrado, una vez más, que la protección de su diáspora no es una declaración retórica, sino una política de Estado. Como ha reiterado el ministro Bourita en sus comparecencias, el compromiso del Reino con sus ciudadanos en el exterior es inquebrantable y se renueva cada día en la aplicación de las Altas Instrucciones Reales que sitúan a los marroquíes del mundo en el corazón de las prioridades nacionales.
La cuestión, ahora, no es si Marruecos ha estado a la altura de las circunstancias, sino cómo este esfuerzo sin precedentes sienta las bases para una relación aún más estrecha entre el Reino y su diáspora, en un momento en que la comunidad marroquí en España se consolida como uno de los colectivos más dinámicos e integrados del país vecino.
