Rue20 Español/Rabat
El Gobierno ha reiterado su compromiso de proseguir las negociaciones en torno a un conjunto de reformas sociales consideradas estratégicas, en el marco del diálogo en curso con los interlocutores sociales. Así lo indicó el portavoz del Ejecutivo, Mustapha Baitas, quien destacó que los debates siguen abiertos en materias clave como la fiscalidad, el sistema de pensiones y las condiciones laborales de determinadas profesiones.
Durante una conferencia de prensa dedicada a la evaluación de los resultados del diálogo social, el portavoz respondió a las críticas sindicales que consideran que sus reivindicaciones no han sido suficientemente atendidas. En este sentido, subrayó los avances ya registrados en las distintas rondas de negociación y los compromisos previamente asumidos.
Entre las medidas mencionadas, Baitas citó el incremento general de 1.000 dírhams, la revalorización de las ayudas familiares y la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios. Estas decisiones han supuesto un impacto financiero significativo en las cuentas públicas, especialmente en sectores como la educación, la salud y la educación superior.
Según los datos presentados, el coste de las medidas en el sector de la educación nacional asciende a 18,47 mil millones de dírhams, mientras que el impacto anual en el sector de la salud se estima en 4 mil millones, y en la educación superior en 2 mil millones. En conjunto, el coste global de las medidas adoptadas en favor del sector público, incluida la revisión del impuesto sobre la renta, superará los 48 mil millones de dírhams en 2026 y alcanzará los 49,7 mil millones en 2027.
El portavoz del Gobierno también destacó la evolución de las remuneraciones en la función pública, señalando que el salario neto mensual medio ha pasado de 8.237 dírhams en 2021 a 10.600 en 2025, lo que representa un aumento global del 29%. Asimismo, el salario mínimo neto en el sector público ha evolucionado de 3.258 a 4.500 dírhams en el mismo periodo.
En cuanto a los compromisos recientes del diálogo social, el Ejecutivo confirmó la continuidad de las discusiones sobre la reforma del impuesto sobre la renta, actualmente en consulta con las distintas partes implicadas para buscar consensos. Asimismo, el Gobierno prevé acelerar el tratamiento de diversas reivindicaciones sectoriales, en particular las presentadas por ingenieros, administradores y técnicos en relación con sus estatutos profesionales.
En el ámbito laboral, se anunció un acuerdo para modificar la ley 65-99 relativa al Código de Trabajo, con el objetivo de reducir la jornada diaria de los agentes de seguridad privada de 12 a 8 horas, alineándola con la normativa general. Esta medida busca corregir un marco jurídico considerado excepcional para este colectivo.
Por otro lado, el Ejecutivo confirmó la continuidad del debate en la comisión nacional sobre la reforma de los sistemas de pensiones, una cuestión central en las reivindicaciones sindicales, especialmente en lo relativo a las pensiones inferiores al salario mínimo. El Gobierno prevé abrir una discusión global para alcanzar soluciones consensuadas.
Finalmente, se anunció una futura reorganización del sistema de formación profesional continua en el sector privado, en el marco de una nueva estructuración destinada a mejorar su eficacia y gobernanza.
