Rue20 Español/Rabat
El Senado de Estados Unidos ha activado un nuevo frente legislativo en torno al expediente del Sáhara marroquí tras la presentación de un proyecto de ley que plantea la designación del Frente Polisario como “Organización Terrorista Extranjera” (FTO).
La iniciativa, registrada en pleno contexto de tensiones geopolíticas internacionales, encomienda al Departamento de Estado un análisis exhaustivo sobre los vínculos del movimiento con actores considerados hostiles por Washington.
El texto, denominado “Acta de Designación Terrorista del Frente Polisario de 2026”, establece la obligación de elaborar un informe detallado en un plazo máximo de 90 días desde su eventual aprobación.
Dicho documento deberá determinar si el Frente cumple con los criterios legales recogidos en la legislación estadounidense, en particular en lo relativo a la implicación en actividades terroristas o al apoyo material a redes armadas internacionales.
Entre los elementos que sustentan la iniciativa destacan acusaciones sobre una cooperación en materia militar e inteligencia entre el Polisario, la Guardia Revolucionaria iraní y el grupo libanés Hezbolá.
Según el planteamiento legislativo, esta colaboración incluiría la transferencia de tecnología militar avanzada, como drones y sistemas de vigilancia, así como formación en tácticas de combate y manejo de explosivos.
De confirmarse estos extremos, el proyecto prevé la aplicación automática de un paquete de sanciones de amplio alcance. Estas incluirían la congelación de activos financieros en territorio estadounidense, restricciones de visado y la penalización de cualquier forma de apoyo logístico o económico al movimiento.
Asimismo, el texto advierte de posibles sanciones secundarias contra terceros países o entidades que mantengan vínculos con el Frente tras una eventual designación.
El documento también subraya que las operaciones militares atribuidas al Polisario en zonas al este del muro de defensa representan, según esta perspectiva, un factor de riesgo para la estabilidad regional y la seguridad de rutas estratégicas en el entorno del Atlántico y el Sahel.
En este sentido, se insta a la administración estadounidense a articular una estrategia integral en coordinación con aliados regionales, con especial énfasis en Marruecos, para limitar las fuentes de financiación y el acceso a armamento.
La iniciativa se inscribe en una tendencia creciente dentro de ciertos sectores políticos estadounidenses que abogan por endurecer la respuesta frente a actores no estatales vinculados, directa o indirectamente, con redes consideradas desestabilizadoras.
En este marco, el Polisario es presentado como un posible intermediario dentro de una estrategia más amplia atribuida a Irán para ampliar su influencia en el norte y oeste de África.
Diversos análisis coinciden en que el avance de esta propuesta legislativa no resulta inesperado, dado que iniciativas similares habían sido planteadas previamente en el Congreso. El respaldo actual dentro del Senado, sin embargo, otorga mayor peso político a la medida y podría acelerar su tramitación.
En paralelo, se señalan prácticas atribuidas al Frente que refuerzan la argumentación del proyecto, como el presunto desvío de ayuda humanitaria, la captación de recursos con fines militares y la implicación en dinámicas de inestabilidad regional. También se alude a conexiones con redes armadas activas en la franja sahelo-sahariana, lo que incrementa la preocupación en círculos de seguridad internacional.
El proceso legislativo entra así en una fase clave, marcada por la presión de un entorno internacional volátil. La aprobación de la ley abriría la puerta a un endurecimiento significativo de la política estadounidense hacia el Polisario, con repercusiones que podrían extenderse a sus apoyos regionales y reconfigurar los equilibrios diplomáticos en torno al expediente del Sáhara marroquí.
