Rue20 Español/Rabat
La reciente entrada en vigor de la nueva ley de nacionalidad en Argelia ha desatado críticas tanto a nivel nacional como internacional, al establecer mecanismos para retirar la nacionalidad, ya sea originaria o adquirida, a ciudadanos considerados una amenaza para la unidad, la seguridad o los intereses del Estado.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, modifica la ley de 1970 y amplía los supuestos de privación de nacionalidad, introduciendo el controvertido artículo 22 bis.
Este permite despojar de la nacionalidad a cualquier argelino si existen pruebas de que ha cometido actos fuera del territorio nacional que dañen los intereses de Argelia, la seguridad del Estado o incluso los símbolos de la revolución de liberación nacional. Entre las conductas mencionadas se incluyen declarar lealtad a otro país, colaborar con fuerzas extranjeras, recibir beneficios de Estados extranjeros o participar en organizaciones consideradas hostiles o terroristas.
Aunque el texto insiste en que la privación de nacionalidad es un procedimiento “excepcional”, expertos legales y figuras de la oposición advierten que las disposiciones son ambiguas y dejan un amplio margen para la interpretación, lo que podría derivar en el uso de la ley como herramienta de represión política.
El debate se intensificó durante la votación del proyecto de ley, con partidarios que defendieron la necesidad de proteger la unidad del Estado y opositores que advirtieron sobre el riesgo de afectar derechos fundamentales.
Históricamente, tras la independencia, Argelia no retiró la nacionalidad a los colaboradores con el colonialismo, limitándose a imponer restricciones administrativas sin afectar la ciudadanía ni castigar a las familias, enfatizando la cohesión social sobre la represión.
La ley ya está en vigor, pero su implementación será seguida de cerca, tanto por opositores como por observadores internacionales, como un indicador del rumbo político de Argelia en los próximos años.
