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España continúa investigando las causas del grave accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba, que dejó 45 muertos y decenas de heridos, convirtiéndose en el siniestro más mortal del sistema ferroviario español desde 2013.
El accidente involucró a un tren de alta velocidad Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, y a un tren Alvia con destino Huelva, que colisionó contra varios vagones descarrilados del primero tras la invasión de la vía contraria.
Una rotura en la vía, principal hipótesis
Una semana después del siniestro, la hipótesis que cobra mayor fuerza entre los investigadores es la existencia de un defecto estructural en la vía férrea previo al paso del tren Iryo. Según los primeros informes técnicos y las pesquisas de la Guardia Civil, se detectó una irregularidad en el carril —descrita como un “escalón”— que habría provocado el descarrilamiento de dos vagones del convoy.
Las muescas encontradas en las ruedas de varios coches del Iryo, así como la localización de un bogie a más de 200 metros del trazado, refuerzan la tesis de que el fallo se produjo antes del choque y no como consecuencia del impacto. Hasta el momento, las autoridades han descartado el error humano, el exceso de velocidad y un fallo técnico del material rodante.
Un choque inevitable en cuestión de segundos
De acuerdo con datos del administrador ferroviario Adif, el descarrilamiento y la colisión se produjeron con apenas 20 segundos de diferencia, un intervalo insuficiente para que los sistemas automáticos de seguridad evitaran el impacto. Ambos trenes circulaban por debajo del límite máximo de velocidad permitido en el tramo, fijado en 250 km/h.
El sistema de control activó el frenado de emergencia al detectar la obstrucción en la vía, pero el margen temporal resultó insuficiente para impedir que el tren Alvia chocara contra los vagones descarrilados.
Rescate, víctimas y conmoción nacional
Las labores de rescate se prolongaron durante varios días debido a la complejidad del terreno y al estado de los vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén. En las primeras horas tras el accidente se confirmaron 21 fallecidos, cifra que fue aumentando conforme avanzaron los trabajos de recuperación hasta alcanzar las 45 víctimas mortales.
Más de 70 personas resultaron heridas, aunque una semana después del siniestro el número de hospitalizados se redujo a 17.
El Gobierno español decretó tres días de luto oficial, mientras que los reyes Felipe VI y Letizia visitaron la zona del accidente y a los heridos en hospitales cercanos. Está previsto un funeral de Estado en la ciudad de Huelva, de donde procedía un número significativo de las víctimas.
Investigación judicial y responsabilidades políticas
La investigación judicial está en manos de un tribunal de la localidad cordobesa de Montoro, que ya ha recibido el primer informe de la Guardia Civil, incluyendo las cajas negras de ambos trenes, miles de fotografías y grabaciones, y las declaraciones de los implicados.
Paralelamente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios confirmó en un informe preliminar la existencia de un defecto en la infraestructura, aunque aún se investiga cuándo y por qué se produjo la rotura del carril.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que no existían señales previas que obligaran a una intervención inmediata, señalando que este tipo de incidencias forman parte de los riesgos estructurales del sistema ferroviario. No obstante, tanto él como los responsables de Renfe y Adif pusieron sus cargos a disposición de la investigación.
Un golpe a la reputación del AVE español
El accidente ha reabierto el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria española, considerada hasta ahora una de las más modernas de Europa. La tragedia evoca inevitablemente el recuerdo del accidente de Angrois en 2013, que dejó 80 muertos y marcó un antes y un después en la percepción pública del sistema ferroviario del país.
Mientras continúan las investigaciones, España afronta una de las mayores crisis de confianza en su red de alta velocidad en más de una década, a la espera de que se depuren responsabilidades y se adopten medidas que eviten una tragedia similar en el futuro.
