Rue20 Español/Rabat
El Polisario se encuentra cada vez más en el centro del debate político en los pasillos del Capitolio. En el Congreso de los Estados Unidos, la iniciativa legislativa destinada a considerar su inclusión en la lista de organizaciones terroristas extranjeras gana tracción de forma progresiva, impulsada por un creciente respaldo bipartidista.
La reciente incorporación del representante demócrata de Texas, Marc Veisey, ha ampliado el bloque de apoyo al proyecto de ley conocido como “Polisario Front Terrorist Designation Act” (H.R. 4119), que suma ya 14 legisladores de ambos grandes partidos. La propuesta, presentada inicialmente en la Cámara de Representantes por el republicano Joe Wilson y el demócrata Jimmy Panetta, ha ido consolidando respaldo entre figuras influyentes del hemiciclo.
Entre los apoyos destacados figuran nombres como Mario Díaz-Balart, Claudia Tenney, Elise Stefanik o María Elvira Salazar, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores. Este avance refleja, según observadores del proceso legislativo, una evolución en el enfoque político de Washington, donde la cuestión del Sáhara ya no se aborda únicamente desde una óptica diplomática, sino también bajo parámetros de seguridad y equilibrios estratégicos en el norte de África y el Sahel.
La exposición de motivos del proyecto de ley se apoya en informes de seguridad que señalan presuntos vínculos del Polisario con actores considerados desestabilizadores, en particular Irán. El texto recoge antecedentes de cooperación desde la década de 1980, aunque subraya especialmente elementos más recientes relacionados con dinámicas operativas y logísticas.
Entre los aspectos mencionados figuran la supuesta presencia de elementos vinculados a Hezbollah en los campamentos de Tinduf, así como informaciones sobre entrenamientos relacionados con el uso de drones de origen iraní y actividades atribuidas a contactos con miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
En el plano procedimental, el H.R. 4119 no establece una designación automática, sino que activa un proceso de evaluación obligatoria para la administración estadounidense. Una vez aprobado, el Secretario de Estado dispondrá de un plazo de 180 días para presentar un informe detallado sobre la estructura de mando del movimiento, sus operaciones, fuentes de financiación y posibles alianzas exteriores.
De forma paralela, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro deberán emitir en un plazo de 90 días sus conclusiones jurídicas sobre la posible calificación del grupo como organización terrorista, lo que podría abrir la vía a sanciones financieras y a la congelación de activos bajo marcos legales como la Ley Magnitsky Global.
El texto legislativo incorpora asimismo una cláusula de carácter político vinculada a los esfuerzos de mediación internacionales. En ella se contempla la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos suspenda o levante eventuales sanciones si el Polisario se compromete de manera “seria y de buena fe” a un proceso de negociación basado en la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007.
De este modo, el Congreso estadounidense consolida implícitamente dicho plan como marco de referencia para una eventual solución del conflicto, en línea con la postura defendida por Rabat.
En paralelo a la iniciativa en la Cámara de Representantes, el Senado también ha registrado movimientos similares. Los senadores Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott, junto al republicano David McCormick, han impulsado un texto complementario de carácter más directo, que obliga al Departamento de Estado a activar el procedimiento de designación terrorista si se confirman vínculos con entidades iraníes sancionadas.
Durante recientes audiencias parlamentarias sobre seguridad en el Magreb, los promotores de estas iniciativas alertaron del riesgo de que el Polisario evolucione hacia un actor instrumentalizado por potencias extranjeras, en un contexto en el que su estatus político y jurídico se encuentra bajo un nivel de escrutinio creciente en Washington.
