Rue20 Español/Madrid
El Gobierno de España ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año un nuevo paquete de medidas sociales y económicas destinado a prorrogar aquellas políticas que expiran el 31 de diciembre. La iniciativa, conocida como “escudo social”, deberá ahora ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes, en un contexto político más complejo que en ejercicios anteriores.
La reunión del Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde, entre otras medidas, a una subida del 2,7% de las pensiones contributivas para 2026, un incremento del 7% de las pensiones mínimas y del 11,4% de las no contributivas. Asimismo, el Gobierno aprobó la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos y la prórroga de las bonificaciones al transporte público de tren y autobús, medidas que forman parte de los compromisos sociales adquiridos por el Gobierno, segun informa la prensa española.
Aunque tradicionalmente este tipo de iniciativas solía superar sin grandes dificultades el trámite parlamentario, la actual aritmética del Congreso complica el panorama. Las relaciones entre el PSOE y los partidos que hicieron posible la investidura de Sánchez se han debilitado notablemente, en especial con Junts, con quien el diálogo sigue bloqueado. A ello se suma un clima político marcado por casos de presunta corrupción y denuncias de acoso que salpican al entorno del presidente, lo que ha incrementado la presión de los socios parlamentarios.
Algunos aliados del Ejecutivo, como Podemos, muestran una actitud cada vez más distante, mientras que otros, como el PNV, ya han presentado enmiendas a parte de las medidas. Aunque existe un acuerdo con EH Bildu para la prórroga del escudo social, el apoyo global al paquete no está garantizado.
El precedente del año pasado pesa en la estrategia de Moncloa. En 2024, un decreto ómnibus de más de 140 páginas fue rechazado en el Congreso con los votos en contra de Junts, PP y Vox, que exigieron dividir las iniciativas en textos legislativos separados. Ante unas relaciones parlamentarias aún más deterioradas, el Gobierno deberá decidir si vuelve a agrupar las medidas o si opta por fragmentarlas para facilitar su aprobación.
En paralelo, el socio de coalición Sumar presiona al PSOE para reforzar la agenda social. Ambos partidos mantienen negociaciones para una posible prórroga automática de los contratos de alquiler que expiran en 2026, lo que impediría a los propietarios revisar al alza las rentas, una propuesta que podría añadir nuevas tensiones en el debate parlamentario.
Con este nuevo intento de blindar su agenda social, el Ejecutivo de Sánchez busca mantener la estabilidad económica y proteger a los colectivos más vulnerables, mientras navega en un Parlamento cada vez más fragmentado y en un escenario político marcado por la incertidumbre y la negociación permanente.
