Rue20 Español/Rabat
La sala constitucional de la Corte Suprema de Libia emitió recientemente una decisión histórica al reconocer el Acuerdo de Sjirat de 2015 como una “referencia que rige y es vinculante” para todos los actores políticos del país.
Según analistas locales, esta determinación marca un hito en la recomposición del panorama institucional libio, relanzando la dinámica de consolidación estatal y reforzando la esperanza de un retorno a un marco de gobernanza coherente.
La decisión busca, en particular, definir con claridad los límites entre las autoridades competidoras y contener cualquier intento de establecer procesos paralelos que contravengan los compromisos acordados por las partes libias.
En un comunicado conjunto, dos miembros del Consejo Presidencial, Moussa al-Koni y Abdallah Hussein al-Lafi, calificaron la resolución como un fortalecimiento directo de la legitimidad constitucional del Acuerdo de Ginebra que complementa a Sjirat. “El acuerdo político completo, incluyendo las disposiciones de Skhirat y la legitimidad que le otorga el Acuerdo de Ginebra, constituye el marco constitucional que rige y es vinculante para todas las autoridades”, subrayaron. Los funcionarios agregaron que esta decisión coloca a todas las partes ante sus responsabilidades legales y nacionales, e insta a las instituciones del Estado a ejercer sus prerrogativas “sin abusos ni monopolios”.
Asimismo, Koni y Al-Lafi hicieron un llamamiento a la Cámara de Representantes y al Alto Consejo de Estado para actuar dentro de los límites del marco jurídico definido por el acuerdo político, que organiza las relaciones entre los poderes y garantiza su equilibrio. También exhortaron a las fuerzas políticas y sociales a anteponer el interés y la estabilidad de la nación por encima de cualquier consideración particular.
La resolución de la Corte Suprema también generó un amplio debate académico. Magdi al-Sharif al-Shabaani, profesor e investigador en derecho público, recordó que “desde su firma en 2015, el lugar del Acuerdo de Skhirat en la jerarquía de legitimidad ha sido objeto de constante debate”. Según el jurista, cualquier valor constitucional del acuerdo se limita a su dimensión interna vinculada a la construcción del poder y a la organización del período transitorio, sin extenderse a su componente internacional, que sigue rigiéndose por compromisos y no por normas constitucionales.
Firmado en Marruecos en diciembre de 2015, el Acuerdo de Skhirat buscaba poner fin al conflicto interno y establecer un marco institucional estabilizado, incluyendo la creación del Gobierno de Unión Nacional, el nombramiento de un presidente y miembros del Consejo Presidencial, y la designación de un jefe de gobierno consensuado. El texto también estipulaba compromisos vinculantes en materia de unidad territorial, separación de poderes, independencia judicial y monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza.
Con esta decisión, Libia se aproxima a un nuevo capítulo de consolidación institucional, ofreciendo un marco más claro para la gobernanza y reafirmando la importancia de los compromisos políticos asumidos desde Sjirat.
