Rue20 Español/Rabat
Una nueva ley de movilización general en Argelia obliga a los ciudadanos a denunciar a los servicios de seguridad a cualquier vecino extranjero originario de un «país enemigo», bajo pena de multas y penas de prisión.
Aunque la ley no especifica los países considerados «enemigos», fuentes indican que se refiere a Marruecos y Francia, a menudo señalados en el discurso oficial como «enemigos históricos y tradicionales».
Esta ley, que recuerda a prácticas medievales, expone a sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 20.000 dinares (135 euros) a quienes no denuncien a sus vecinos. La ambigüedad de la ley y la constante campaña de difamación contra Marruecos y Francia dejan poco margen de duda sobre a quiénes se dirige.
La situación se torna aún más compleja para las parejas mixtas argelino-marroquíes o argelino-francesas, que teóricamente deberían denunciar a sus cónyuges.
Esta población, ya afectada por restricciones en materia de propiedad y naturalización, ahora se enfrenta a la posible delación por parte de familiares o vecinos, un sombrío contraste con la época colonial, donde el Frente de Liberación Nacional (FLN) castigaba severamente a quienes delataban a los muyahidines a las autoridades francesas.
La ley también afectaría a altos funcionarios argelinos con cónyuges marroquíes o franceses, obligándolos a una situación absurda: delatar a sus propias familias. Este escenario, potencialmente masivo, ilustra la deriva inquietante del régimen.
La medida podría provocar un éxodo de extranjeros, contradiciendo el ambicioso objetivo del gobierno de atraer a «más de cien millones de turistas», según declaraciones del ministro de turismo argelino. Esta cifra superaría la suma de visitantes a España, Turquía, Francia, Marruecos y Egipto.
