Rue20 Español/El Aaiún
Un reciente reportaje del periódico francés Le Figaro denuncia la expulsión masiva de migrantes subsaharianos por parte de Argelia hacia el desierto nigerino en condiciones “inhumanas”.
Según la investigación, más de 16.000 personas fueron deportadas solo entre marzo y abril de este año, una cifra alarmante que duplica el número de expulsiones registradas durante un semestre del año anterior.
El procedimiento, llevado a cabo con discreción y lejos del escrutinio público, consiste en abandonar a los migrantes en zonas desérticas sin agua ni comida, bajo temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados centígrados. El reportaje describe estas acciones como “redadas brutales” realizadas en total secreto, donde los migrantes son detenidos y deportados colectivamente.
La denuncia, inicialmente lanzada el 20 de mayo por organizaciones no gubernamentales como Alarme Phone Sahara y la Red Magreb-Sahel sobre Migración, ha sido corroborada por el gobernador de la región de Agadez en Níger, el general Ibrahim Boulma Issa. Boulma Issa declaró a medios locales que Níger se enfrenta a una “ola sin precedentes de deportaciones forzosas procedentes de Argelia”, saturando los centros de la Organización Internacional para las Migraciones en la ciudad fronteriza de Assamaka.
A pesar de ser signataria de la Convención sobre los Refugiados, Argelia carece de un marco legal para las solicitudes de asilo y la regularización de la estancia de los refugiados. Esta situación, según el periodista argelino Daoud Imoulaïne, deja a los migrantes en una situación de ilegalidad permanente, exponiéndolos a la explotación laboral, especialmente en la construcción en Orán.
El reportaje de Le Figaro documenta que estas prácticas no son nuevas, recordando un informe de Human Rights Watch de 2018 que recogía testimonios de migrantes golpeados, extorsionados y deportados sin provisiones. Incluso el exembajador francés en Argelia, Xavier Driencourt, confirmó haber presenciado caravanas de autobuses transportando migrantes al sur bajo fuerte custodia policial.
Mientras los medios oficiales argelinos guardan silencio sobre el tema, atribuido a la implicación del ejército en las deportaciones, las redes sociales han comenzado a difundir imágenes que revelan la gravedad de la situación. Videos de migrantes perseguidos por la gendarmería y agredidos en Tamanrasset evidencian la violencia de estas prácticas.
Imoulaïne denuncia la “discriminación racial” que sufren los migrantes africanos en Argelia, contrastando su trato con el recibido por refugiados de países árabes como Irak, Siria y Libia. “En cuanto tu piel es oscura, te expulsan sin dudarlo”, afirma.
La aparente indiferencia de Europa ante estas violaciones sorprende a Driencourt, quien cuestiona el silencio de las organizaciones de derechos humanos mientras Argelia “no duda en dar lecciones a Occidente sobre derechos humanos”. Esta crítica se intensifica ante la negativa de Argelia a recibir a sus propios ciudadanos expulsados de Francia, argumentando la protección de sus derechos.
Las cifras revelan una escalada preocupante en las deportaciones: de 27.000 entre 2015 y 2018 a 31.000 solo en 2024. La inacción de organismos internacionales como la Unión Africana, la CEDEAO y la Comunidad Económica de los Estados de África Central, así como la dificultad de organizaciones como la Agencia Francesa para la Inmigración e Integración para operar en Argelia, contribuyen a la perpetuación de estas prácticas. Didier Leschi, director de la agencia francesa, acusa a Argelia de ocultar su política represiva y dar lecciones de derechos humanos al mismo tiempo.
