Rue20 Español/ Rabat
Al anunciar un proyecto de ley para declarar al Frente Polisario como organización terrorista extranjera, el congresista estadounidense Joe Wilson marcaba una posición clara en favor de Marruecos y, quizá sin preverlo del todo, encendía una mecha diplomática con epicentro en Pretoria.
Según ha revelado el diario sudafricano The Mail & Guardian, esta eventual designación está generando inquietud creciente en los círculos políticos y económicos de Sudáfrica, uno de los principales aliados internacionales del Polisario. No es para menos: la medida, que cuenta con el respaldo del entorno republicano del nuevo Secretario de Estado Marco Rubio, podría tener efectos inmediatos tanto en el activismo pro-Polisario como en la reputación del sistema financiero sudafricano.
Más allá del simbolismo, declarar al Polisario como grupo terrorista tiene implicaciones prácticas: congelamiento de fondos, vigilancia financiera reforzada, restricciones de cooperación internacional e incluso posibles sanciones secundarias para aquellos países que no colaboren con su aplicación. Sudáfrica, que mantiene una línea histórica de apoyo a la llamada «República Árabe Saharaui Democrática», se encontraría entonces en la incómoda posición de tener que elegir entre la coherencia diplomática y la supervivencia económica.
Según expertos en seguridad internacional, una eventual designación del Frente Polisario como organización terrorista por parte de Estados Unidos complicaría notablemente el financiamiento y la promoción del movimiento desde territorio sudafricano. Muchas ONG convencionales optarían por retirarse para evitar problemas legales, mientras que otros grupos, guiados por afinidades ideológicas o intereses geopolíticos, seguirían actuando de forma encubierta, enfrentando mayor vigilancia y un riesgo financiero considerable.
Pero el mayor golpe podría llegar a través del sistema bancario. En un mundo regido por normas estrictas de cumplimiento internacional, el más mínimo vínculo con actividades clasificadas como «de riesgo» puede activar mecanismos de vigilancia que, en la práctica, aíslan a bancos y entidades de crédito. Si Sudáfrica no coopera con una eventual decisión estadounidense, se arriesga a ver cómo sus instituciones financieras son objeto de desconfianza, y eventualmente de sanciones.
El escenario es especialmente delicado en un contexto de distanciamiento progresivo entre Estados Unidos y Sudáfrica. Desde el retorno republicano al poder, y especialmente tras las recientes señales diplomáticas desde Rabat y Washington, la alianza entre Marruecos y Estados Unidos parece más sólida que nunca. El respaldo explícito de Trump —y ahora de Rubio— al Plan de Autonomía marroquí como “la única solución realista” vuelve a dejar al Polisario sin interlocución en Washington.
Para Marruecos, la posible inclusión del Polisario en la lista negra sería una victoria política y simbólica de gran calado. Implicaría tanto el reconocimiento del carácter ilegítimo y armado del movimiento como un golpe directo a sus apoyos tradicionales, como Argelia y Sudáfrica. Haría visible, en términos legales internacionales, algo que Rabat viene señalando desde hace décadas: el Polisario actúa como un actor armado y representa una amenaza para la estabilidad regional.
La diplomacia ha ampliado su escenario: hoy se libra en las cancillerías y también en las listas negras.
