Rue20 Español/Rabat
Las autoridades argelinas arrestaron a 1410 personas activas en redes sociales durante el año 2024, según datos oficiales proporcionados por la seguridad argelina en su informe anual.
Las autoridades argelinas acusaron a estos activistas de promover contenido que «corrompe la moral y la virtud, y utiliza la publicación de escándalos, la desnudez y la promoción de trivialidades como contenido para sus transmisiones en vivo, buscando millones de visitas a cambio de ingresos materiales que provienen del extranjero».
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reveló el miércoles pasado el contenido del informe de Mary Lawlor, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, tras su visita a Argelia.
El informe documentó prácticas arbitrarias y acoso contra activistas de derechos humanos, periodistas y opositores, especialmente después del movimiento de 2019.
El informe fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en una presentación detallada, después de haber sido publicado por primera vez el 14 de enero de 2025, tras la visita oficial que la Relatora de las Naciones Unidas realizó a Argelia entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2023, para proporcionar un análisis exhaustivo de las condiciones en las que trabajan los defensores de los derechos humanos en este país del Magreb.
El informe identificó desafíos estructurales que obstaculizan el trabajo de los defensores de los derechos humanos en Argelia.
La Relatora Especial expresó su profunda preocupación por el marco legislativo que regula los asuntos de derechos humanos, incluida «la definición vaga de terrorismo en el artículo 87 bis del Código Penal, que fue modificado en 2021».
Según el informe, esta definición demasiado amplia permite criminalizar a los defensores de los derechos humanos por sus actividades legítimas.
La Relatora también criticó la Ley N° 12-06 relativa a las asociaciones, que impone un sistema de autorización en lugar de una declaración para la creación de entidades asociativas, y prohíbe a las asociaciones argelinas recibir financiación extranjera sin autorización previa.
También criticó la Ley N° 23-02 relativa al ejercicio del derecho sindical, que fue aprobada en abril de 2023, y que contiene disposiciones que permiten a las autoridades restringir la libertad de asociación de los sindicalistas.
El informe también abordó la legislación relativa a la libertad de expresión, en particular los artículos del Código Penal que tipifican como delito la «injuria» a las instituciones y funcionarios públicos, así como la Ley N° 23-14 relativa a la información, que fue adoptada en agosto de 2023.
