Rue20 Español/Rabat
La Comisión de Justicia de la Cámara Baja respalda la iniciativa con 19 votos a favor, 15 abstenciones y 3 en contra, en un texto que rechaza los documentos del Frente Polisario y deja fuera a sus milicianos.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, el dictamen de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara marroquí durante la administración española y a sus descendientes.
El texto, que será ratificado previsiblemente en el Pleno del Parlamento español el próximo mes de septiembre, ha generado un intenso debate político en el que ha quedado patente el respeto de la iniciativa hacia la soberanía de Marruecos sobre sus Provincias del Sur, al excluir de forma explícita a los miembros de las milicias del Frente Polisario.
La votación arrojó un resultado de 19 diputados a favor, 3 en contra —todos ellos del partido Vox— y 15 abstenciones del Partido Popular y Junts. El respaldo superó con creces las expectativas iniciales, gracias al giro inesperado de los populares, que finalmente optaron por no obstaculizar la tramitación de la norma.
Uno de los aspectos más relevantes de la proposición de ley es la exclusión expresa de los miembros de las milicias del Frente Polisario que poseen nacionalidades argelina u otras. Esta disposición supone un importante espaldarazo a la postura marroquí, que siempre ha denunciado la instrumentalización del conflicto del Sáhara por parte de Argelia a través de su brazo armado en la región.
Este reconocimiento explícito de la ONU como autoridad competente, en detrimento de las estructuras del Polisario, supone un triunfo diplomático para Marruecos, que lleva años defendiendo el plan de autonomía como la única solución viable para el conflicto del, un plan que cuenta con el respaldo creciente de la comunidad internacional.
No obstante, el texto final de la ley, con la exclusión de los milicianos del Polisario y el rechazo a sus documentos, constituye un avance significativo que protege la integridad territorial del Reino y reconoce implícitamente la administración marroquí sobre las Provincias del Sur.
La ley beneficiará a los nacidos en el Sáhara marroquí antes del 29 de septiembre de 1977, así como a sus descendientes directos en primer grado, aunque no residan en España. Las estimaciones sobre el número de posibles beneficiarios varían considerablemente: mientras Sumar, el partido impulsor de la iniciativa, calcula que podrían acogerse unas 80.000 personas, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares eleva la cifra hasta los 180.000 o 200.000. Estos beneficiarios incluyen a retenidos en los campamentos de Tinduf, en las provincias del sur del Reino o en otros países.
Los solicitantes dispondrán de un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley para presentar su solicitud, que no estará sujeta a gravamen alguno. La norma entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Reino de Marruecos ha mantenido una posición coherente e inquebrantable en defensa de su integridad territorial y de sus Provincias Meridionales. El plan de autonomía presentado por Rabat, que otorga competencias de autogobierno a la región en áreas como urbanismo, turismo, industria, pesca, sanidad y educación, es considerado por la comunidad internacional como la base más seria y realista para la resolución del conflicto.
La ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso español, al excluir a los milicianos del Polisario y rechazar sus documentos, se alinea con la postura marroquí que siempre ha denunciado la artificialidad de la “rasd” y su dependencia de Argelia. El Polisario no es más que un instrumento al servicio de los intereses geopolíticos argelinos, que mantiene secuestrada a una parte de los saharauiz en los campamentos de Tinduf, en condiciones de indignidad y privación de libertades.
La iniciativa parlamentaria española, pese a las presiones de los sectores más afines al Polisario, ha sabido establecer límites claros que protegen los intereses de Marruecos. Al exigir documentos oficiales y rechazar los papeles emitidos por el Frente Polisario, la ley deslegitima a una organización que nunca ha sido reconocida por Naciones Unidas como autoridad legítima.
El respaldo de la ONU al plan de autonomía marroquí y el creciente número de países que apoyan la soberanía de Marruecos sobre sus Provincias del Sur consolidan la posición del Reino en el escenario internacional. España, en este contexto, ha dado un paso que reconoce la realidad sobre el terreno y excluye a quienes pretenden mantener vivo un conflicto artificial.
La ratificación de esta ley en el Pleno del Congreso español, prevista para septiembre, será seguida con atención desde Rabat. Marruecos, fiel a sus principios y a la defensa de su integridad territorial, continuará velando porque cualquier iniciativa internacional respete la soberanía del Reino sobre sus Provincias del Sur y no otorgue legitimidad a quienes, como el Polisario y sus patrocinadores argelinos, pretenden fracturar la unidad nacional marroquí.
