Rue20 Español/ Fez
Walid El Moumen
En vez de invertir en el desarrollo del país, el régimen argelino continúa destinando una parte sustancial de los recursos públicos a la compra de armamento, pese a que su uso efectivo resulta limitado. Así se define la situación en Argelia desde hace décadas: una política marcada por la confrontación con su rival occidental, Marruecos, que no solo alimenta tensiones regionales, sino que también agrava los problemas internos.
Este enfoque, caracterizado por una obstinación estratégica, ha llevado al país a situarse entre los Estados que mayor proporción de su gasto público dedican al ámbito militar. En 2025, Argelia se posicionó como el segundo país del mundo en este indicador, solo por detrás de Ucrania.
Según el informe “Tendencias del gasto militar mundial 2025” del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el país invirtió 25.400 millones de dólares en defensa, lo que representa un incremento del 11 % respecto al año anterior y cerca de la mitad del gasto militar total de África.
Esta cifra equivale aproximadamente al 25 % del gasto público y al 8,8 % del producto interior bruto (PIB), superando ampliamente las inversiones en sectores clave como la sanidad y la educación. Mientras tanto, amplios sectores de la población argelina continúan enfrentando dificultades económicas, con un nivel de vida bajo, una tasa de desempleo superior al 11 % y un salario mínimo que apenas supera los 135 euros mensuales.
Bajo la presidencia de Abdelmadjid Tebboune, esta política de rearme se ha intensificado, en parte debido a la inestabilidad en la región del Sahel y a la persistente tensión con Marruecos. Sin embargo, diversos analistas señalan que esta estrategia podría estar desviando recursos esenciales que podrían destinarse a mejorar las condiciones de vida de la población.
Además, Argelia mantiene una estrecha cooperación militar con Rusia, su principal proveedor de armamento, lo que refuerza aún más su apuesta por el fortalecimiento militar. En este contexto, la priorización del gasto en defensa frente a sectores sociales clave sigue generando interrogantes sobre las verdaderas prioridades del Estado y su impacto a largo plazo en el desarrollo del país.
