Rue20 Español/Madrid
La reciente aprobación en el seno del Consejo de Ministros de Consejo de Ministros de España de un decreto extraordinario para la regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular ha desencadenado una intensa movilización de ciudadanos marroquíes en distintas ciudades de España, con largas colas en consulados y oficinas en busca de la documentación necesaria para iniciar sus expedientes.
La medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y enmarcada en una política de integración laboral y social, abre la posibilidad de que cientos de miles de personas extranjeras residentes en el país puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo estable, siempre que cumplan determinados requisitos.
Según las estimaciones difundidas en torno al proceso, el número de potenciales beneficiarios podría alcanzar cerca de 500.000 personas, en su mayoría de nacionalidad marroquí, lo que convierte esta regularización en una de las más amplias de los últimos años.
Desde la publicación de la medida, se han registrado escenas de gran afluencia en consulados de Marruecos en ciudades como Madrid o Sevilla, así como en otros puntos del territorio español, donde decenas de ciudadanos han acudido para solicitar certificados de antecedentes penales y otra documentación exigida para el procedimiento.
En Madrid, varios migrantes de origen marroquí han comenzado a tramitar los documentos necesarios para iniciar su regularización. Algunos de ellos aseguran llevar años trabajando en sectores como la agricultura o la construcción, a la espera de una situación administrativa estable que les permita formalizar su empleo.
Escenas similares se han repetido en Sevilla, donde el Consulado de Marruecos ha registrado colas desde primera hora. La acumulación de solicitudes ha obligado a muchos usuarios a esperar durante horas, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre los plazos y requisitos del procedimiento.
En el sur del país, la situación también ha sido especialmente visible en Almería, una de las principales puertas de entrada migratoria, donde las autoridades consulares han contabilizado miles de solicitudes en pocos días.
El decreto establece que podrán acogerse al proceso las personas extranjeras que acrediten una residencia continuada en España de al menos cinco meses anteriores a la solicitud, además de carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
La medida prevé la concesión de una autorización de residencia y trabajo, lo que permitirá a los beneficiarios incorporarse al sistema económico formal. Esto incluye la posibilidad de trabajar legalmente, cotizar a la seguridad social, acceder a vivienda en alquiler, solicitar créditos bancarios, contratar seguros o iniciar actividades empresariales.
El procedimiento contempla la presentación de solicitudes principalmente por vía telemática, mientras que la atención presencial se realizará mediante cita previa una vez se active plenamente el sistema administrativo tras la publicación oficial del decreto en el Boletín Oficial del Estado.
En regiones como Andalucía, las estimaciones apuntan a que alrededor de 60.000 personas podrían beneficiarse de la medida, situándose como una de las comunidades con mayor impacto del proceso, junto a Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Según cálculos difundidos por entidades sociales, cerca del 67% de las solicitudes podrían ser aceptadas, lo que supondría una incorporación significativa de trabajadores al mercado laboral formal en distintas regiones del país.
En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado que la iniciativa permitirá mejorar la integración laboral de los afectados, facilitando la formalización de contratos y el acceso pleno a derechos y obligaciones.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que el proceso se desarrollará de forma progresiva y ordenada, con especial énfasis en la tramitación digital para evitar colapsos administrativos.
Mientras las colas se multiplican en distintas ciudades, las autoridades insisten en que la mayoría de los trámites deberán realizarse por vía electrónica y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios hasta que se habiliten los canales oficiales de atención.
El anuncio ha generado expectativas entre miles de migrantes que aspiran a regularizar su situación tras años de residencia en España, especialmente en sectores como la agricultura, donde muchos de ellos trabajan actualmente en condiciones informales.
Con la entrada en vigor del decreto, España abre así un nuevo proceso de regularización de gran alcance que podría transformar la situación administrativa de cientos de miles de personas y redefinir su integración en el tejido económico y social del país.
