Rue20 Español/Rabat
El Consejo de Ministros celebrado el 9 de abril de 2026 marca un punto de inflexión en la arquitectura del Estado marroquí. Más allá de una sucesión de reformas, el Ejecutivo apuesta ahora por un enfoque integral que sitúa al territorio en el centro de la decisión pública, redefiniendo los mecanismos de planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Impulsado por SM el Rey Mohamed VI, este giro estratégico responde a una visión que trasciende la gestión administrativa clásica.
El Estado deja de limitarse a aplicar políticas diseñadas desde el centro para adoptar un modelo que parte de las realidades locales, integrando sus especificidades en una lógica nacional coherente. Se trata de un cambio metodológico profundo: observar desde el terreno, decidir en función de sus dinámicas y articular las respuestas a escala nacional.
En este nuevo esquema, la acción pública se organiza a través de una estructura jerarquizada pero interconectada. A nivel local, comités presididos por gobernadores se encargan de identificar necesidades y supervisar proyectos; en el plano regional, los walis aseguran la coherencia territorial; mientras que, a nivel nacional, un comité encabezado por el jefe de Gobierno coordina la estrategia global. Este dispositivo busca poner fin a la dispersión de iniciativas y reforzar la responsabilidad en cada etapa del proceso.
Uno de los cambios más significativos reside en la introducción de una cultura de evaluación. Indicadores de rendimiento, auditorías anuales conjuntas y una plataforma digital de seguimiento permitirán medir el impacto real de las políticas. Con ello, el Estado da un paso hacia una mayor transparencia y asume la obligación de rendir cuentas sobre sus resultados, rompiendo con prácticas anteriores marcadas por la opacidad o la fragmentación.
El enfoque territorial también se traduce en una nueva generación de programas de desarrollo integrados, concebidos desde las provincias y prefecturas hacia arriba. Este modelo ascendente pretende responder de forma más precisa a las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que refuerza la coherencia estratégica nacional. Lejos de debilitar al Estado, esta dinámica lo reconfigura como un actor más atento y eficaz, capaz de combinar proximidad y dirección estratégica.
La dimensión financiera de esta transformación es igualmente relevante. La movilización de 210.000 millones de dírhams en un horizonte de ocho años refleja la centralidad de la cuestión territorial en la estrategia nacional. Más que un esfuerzo presupuestario, este compromiso simboliza el abandono de enfoques sectoriales fragmentados en favor de una visión integrada del desarrollo, donde crecimiento económico, equidad social y equilibrio espacial se conciben de manera conjunta.
En paralelo, la regionalización avanza hacia una fase operativa. Las regiones ven reforzadas sus competencias, recursos y capacidad de intervención, consolidándose como actores clave en la creación de valor territorial. La transformación de las agencias regionales de ejecución de proyectos en sociedades anónimas apunta, además, a una gestión más ágil y orientada a resultados, sin perder el control público.
Sectores estratégicos como la salud o la agricultura ya reflejan este cambio de paradigma. La organización territorial de los servicios sanitarios o el seguimiento directo de indicadores agrícolas evidencian una voluntad de conectar la visión estratégica con las realidades cotidianas del país.
En conjunto, las decisiones adoptadas en este Consejo de Ministros dibujan un Estado en transición hacia un modelo más estructurado, evaluable y cercano al ciudadano. Lejos de una ruptura abrupta, se trata de una transformación progresiva que busca reforzar la eficacia de la acción pública sin perder coherencia institucional.
Con el territorio como nuevo punto de partida y la evaluación como principio rector, Marruecos consolida así una nueva etapa en su gobernanza, basada en la anticipación, la coherencia y la responsabilidad.
