Rue20 Español/Rabat
En política, pocas cosas erosionan tanto la credibilidad institucional como la percepción de una doble vara de medir.
La reciente polémica en torno a los comunicados emitidos por las autoridades senegalesas tras los disturbios registrados en el estadio “Léopold Sédar Senghor”, el pasado 29 de marzo, ha reabierto un debate incómodo pero necesario: el de la coherencia entre el discurso interno y las exigencias externas cuando se trata de orden público, seguridad y responsabilidad colectiva.
En su reacción oficial ante los incidentes —marcados por actos de vandalismo, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad—, el Estado senegalés no dudó en calificar estos hechos como “delitos punibles por la ley”, subrayando la necesidad de perseguir y sancionar a los responsables.
Un posicionamiento firme, alineado con el principio básico de cualquier Estado de derecho: la violencia en espacios públicos no puede ser normalizada ni excusada bajo ningún contexto emocional o deportivo.
Sin embargo, la controversia surge cuando se contrasta esta firmeza con el relato construido tras la final de la Copa Africana de Naciones del pasado 18 de enero, disputada en Rabat. En aquel contexto, diversos episodios de violencia protagonizados por sectores de la afición senegalesa —incluyendo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y daños materiales dentro del recinto— fueron interpretados por parte del discurso oficial o mediático como un “exceso de entusiasmo” o incluso relativizados bajo marcos emocionales ligados a la euforia del triunfo.
Es precisamente en esta tensión donde críticos y observadores señalan una contradicción difícil de ignorar: la tendencia a endurecer el lenguaje jurídico y punitivo dentro del propio territorio, mientras se matizan o suavizan conductas similares cuando ocurren fuera de él o involucran a sus propios ciudadanos en el extranjero. Una lógica que, llevada al extremo, se resume en la percepción de que “lo que es inaceptable aquí, puede ser explicable allí”, o viceversa.
Más allá de la carga política del debate, el fondo del asunto remite a un principio universal: la indivisibilidad de la ley. La violencia en estadios, el ataque a la propiedad o la agresión a cuerpos de seguridad no cambia de naturaleza según el país donde ocurra ni según quién la protagonice. Su tratamiento institucional, por tanto, debería responder a criterios homogéneos si se pretende preservar la credibilidad del discurso público.
En este sentido, el episodio de Dakar no solo reabre la discusión sobre la gestión de la seguridad en eventos deportivos, sino también sobre la narrativa construida alrededor de los aficionados cuando estos se convierten en protagonistas de disturbios. Presentarlos alternativamente como “rehenes de la emoción” o como “delincuentes” en función del contexto debilita la consistencia del mensaje institucional y alimenta percepciones de arbitrariedad.
La cuestión de fondo no es únicamente Senegal ni un episodio concreto, sino la tendencia más amplia de ciertos discursos oficiales a modular la gravedad de los hechos en función de la conveniencia política o diplomática del momento. Y es ahí donde la opinión pública, tanto interna como internacional, empieza a exigir algo más que comunicados: exige coherencia.
Las autoridades senegalesas parecen ignorar un principio elemental del derecho público contemporáneo: la rendición de cuentas judicial que la policía senegalesa aplica para garantizar el orden en sus propios estadios es exactamente la misma expresión de soberanía que ejerce cualquier otro Estado, incluido Marruecos, cuando despliega su sistema judicial y de seguridad para proteger la integridad de un torneo continental como la Copa Africana de Naciones. No se trata de dos lógicas distintas, sino de una única obligación estatal: preservar la seguridad y hacer cumplir la ley sin excepciones.
En este sentido, el comunicado emitido por la policía senegalesa tras los incidentes internos actúa, en términos simbólicos, como un auténtico “tiro de gracia” contra cualquier intento de construir un discurso de victimización selectiva.
Porque quien exige rigor en la aplicación de la ley dentro de su propio territorio pierde toda autoridad moral para cuestionar a otros Estados cuando aplican exactamente ese mismo rigor ante hechos de naturaleza idéntica.
Cabe recordar, además, que los alrededores del estadio “Léopold Sédar Senghor”, en la capital senegalesa Dakar, fueron escenario de actos de vandalismo y disturbios tras la finalización del partido de liga disputado el 29 de marzo de 2026 entre AS Pikine y Guédiawaye Football Club. Aquellos episodios, caracterizados por daños materiales y alteraciones graves del orden público, fueron abordados por las autoridades locales bajo la categoría de infracciones penales, en línea con la normativa vigente del país.
En consecuencia, resulta difícil justificar el uso político o diplomático de la cuestión de los detenidos cuando se trata de episodios de violencia en contextos deportivos.
Lo más coherente, tanto desde una perspectiva institucional como ética, habría sido insistir en la responsabilidad individual de los aficionados y en la necesidad de respetar las leyes del país anfitrión, del mismo modo que Senegal exige ese mismo respeto dentro de sus propias fronteras. El principio es claro e indivisible: quien destruye, agrede o amenaza la seguridad pública debe responder ante la justicia, ya sea en Dakar o en Rabat.
Porque cuando la ley se invoca con rigor en un estadio y se relativiza en otro, lo que se erosiona no es solo la narrativa, sino la propia idea de justicia como principio universal.
