Rue20 Español/Madrid
El Gobierno de España ha puesto en marcha un ambicioso paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, con una movilización inicial de 5.000 millones de euros. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha subrayado que este plan constituye una respuesta urgente para proteger a los hogares, las empresas y el conjunto de la economía, y no ha descartado ampliar los recursos en función de la evolución de la crisis.
El paquete incluye un total de 80 medidas, centradas principalmente en una reducción significativa de la fiscalidad energética. Entre las principales disposiciones figura la bajada del IVA de los combustibles del 21% al 10%, así como la reducción del impuesto sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea. Además, se establece una ayuda directa de 20 céntimos por litro destinada a sectores clave como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca, mientras que el IVA del gas natural también se reduce al 10%.
En el ámbito eléctrico, el Ejecutivo ha aprobado una rebaja global de los impuestos cercana al 60%, incluyendo la reducción del IVA al 10%, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión temporal de otros gravámenes. Estas medidas buscan contener el impacto del encarecimiento energético sobre los consumidores. Asimismo, se contemplan ayudas específicas para las industrias electrointensivas y para el sector de los fertilizantes, con el objetivo de limitar el aumento de los precios en la cadena alimentaria.
El plan incorpora igualmente un conjunto de medidas sociales destinadas a reforzar la protección de los ciudadanos, como la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministro y deducciones fiscales para mejorar la eficiencia energética de las viviendas o fomentar la adquisición de vehículos eléctricos. Según el Gobierno, cerca de 20 millones de hogares y tres millones de empresas se beneficiarán de este escudo económico y social.
No obstante, la aprobación del decreto ha estado marcada por tensiones dentro del propio Ejecutivo, especialmente con el bloque liderado por Sumar, que exigía la inclusión de medidas adicionales en materia de vivienda. A pesar de estas diferencias y de la incertidumbre sobre su convalidación parlamentaria, el Gobierno defiende que este plan sitúa a España entre los países europeos con mayor nivel de protección frente a los efectos de la actual crisis internacional.
